La posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur se apoya en antecedentes históricos, argumentos jurídicos y estudios científicos sobre la plataforma continental.
La disputa por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes continúa siendo uno de los principales ejes de la política exterior argentina. Más allá de la guerra de 1982, el reclamo de soberanía se sustenta en una serie de argumentos históricos, jurídicos y geográficos que el país mantiene desde hace décadas.
Uno de los argumentos vinculados con la soberanía argentina se relaciona con la plataforma continental. Las Malvinas forman parte de la estructura geológica del margen continental sudamericano y se encuentran vinculadas con la plataforma que se extiende frente a la Patagonia.
Argentina realizó durante años campañas oceanográficas, estudios sísmicos y relevamientos del fondo marino para establecer científicamente el límite exterior de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.
Estos trabajos fueron presentados ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El argumento geológico no determina por sí mismo la soberanía sobre las islas, pero constituye uno de los elementos utilizados por Argentina para fundamentar sus derechos sobre los espacios marítimos y el lecho y subsuelo del Atlántico Sur.
En 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU analizó la presentación argentina sobre la extensión de su plataforma continental. El proceso estuvo basado en numerosos estudios científicos sobre la geología, la morfología del fondo marino y las características del margen continental.
La decisión no resolvió la disputa de soberanía sobre las Malvinas, pero tuvo relevancia para la delimitación de los espacios marítimos argentinos. Además, las áreas vinculadas con la plataforma continental poseen importancia estratégica por sus potenciales recursos pesqueros, energéticos y minerales.
Otro de los pilares del reclamo es el argumento histórico. Argentina sostiene que, tras la independencia, heredó los territorios que habían estado bajo dominio español, de acuerdo con el principio conocido como uti possidetis iuris.
Después de la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata realizaron actos de ejercicio de soberanía sobre las islas. En 1820, David Jewett tomó posesión formal del archipiélago en nombre de las Provincias Unidas.
Posteriormente, en 1829, se creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y Luis Vernet fue designado como gobernador. Durante ese período se desarrollaron actividades económicas y se estableció una población vinculada con las autoridades de Buenos Aires.
Argentina sostiene que esa presencia constituye una continuidad de los derechos heredados de España tras la independencia.
El 2 de enero de 1833, fuerzas británicas tomaron el control de las islas y desplazaron a las autoridades argentinas. Desde entonces, Argentina sostiene que la ocupación no significó la pérdida de sus derechos de soberanía y mantuvo reclamos diplomáticos a lo largo del tiempo.
Uno de los antecedentes fundamentales llegó en 1965, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución.
Para Argentina, la continuidad de las protestas diplomáticas constituye además un elemento central para sostener que nunca abandonó su reclamo sobre el archipiélago.
En las últimas décadas, la cuestión Malvinas también adquirió una dimensión vinculada con los recursos naturales y la posición estratégica del Atlántico Sur.
La pesca y los potenciales recursos hidrocarburíferos de la región tienen un peso importante en la disputa. A esto se suma la ubicación de las islas respecto de las rutas marítimas hacia la Antártida y el creciente interés internacional por los recursos del océano.
Argentina sostiene el reclamo como una política de Estado, incorporada a la Constitución Nacional en 1994, y afirma que la recuperación de la soberanía debe alcanzarse mediante una solución pacífica y diplomática.
Así, a más de cuatro décadas de la guerra de 1982 y casi dos siglos después de la ocupación británica de 1833, la Cuestión Malvinas continúa atravesada por argumentos históricos, jurídicos, científicos y geopolíticos que mantienen vigente el reclamo argentino.
