La compra de Adorni en Caballito por USD 230.000 con hipoteca privada quedó bajo la lupa judicial en medio de una causa por enriquecimiento ilícito.
La compra de Adorni en Caballito por USD 230.000 quedó bajo investigación judicial.
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La compra de Adorni en Caballito volvió a poner el foco sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. El funcionario adquirió un departamento por USD 230.000, mediante una hipoteca privada, en una operación realizada apenas dos semanas después de asumir su cargo, lo que generó nuevas dudas en la Justicia.
La operación inmobiliaria de Adorni en Caballito se concretó en noviembre de 2025. Se trata de un departamento de casi 200 metros cuadrados con cochera, ubicado sobre la calle Miró, en una de las zonas más cotizadas del barrio porteño.
Según los registros, parte del monto fue abonado en efectivo y el resto financiado, lo que llamó la atención por la modalidad elegida. La propiedad había sido adquirida meses antes por las mismas personas que luego otorgaron el crédito.
Uno de los puntos más sensibles del caso es el financiamiento. El matrimonio suscribió una hipoteca por USD 200.000 con particulares, en lugar de recurrir a una entidad bancaria.
Este mecanismo no es ilegal, pero sí poco habitual en operaciones de este tipo, lo que despertó interrogantes en el marco de la investigación. Además, las personas que otorgaron el crédito habían comprado el inmueble pocos meses antes, lo que suma complejidad al análisis.
La Justicia Federal mantiene abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en la evolución del patrimonio de Adorni desde su ingreso a la función pública.
La compra del departamento en Caballito se produjo apenas 14 días después de su designación como jefe de Gabinete, lo que intensificó las sospechas. A esto se suma otra adquisición previa: una propiedad en un country en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa.
Desde el entorno de Adorni aseguran que no existe ninguna irregularidad en sus bienes, y que todo responde a su trayectoria laboral previa en el sector privado.
El propio funcionario sostuvo en reiteradas ocasiones que sus ingresos provienen de más de 25 años de actividad profesional, y que la documentación está a disposición de la Justicia. Mientras tanto, desde el Gobierno descartan cambios en su cargo y aseguran que continúa activo en la agenda oficial.