Un nuevo capítulo se sumó a la causa por el viaje oficial de Manuel Adorni con una decisión clave de la Justicia. En el marco de la investigación, se dictaron medidas de restricción contra Marcelo Grandio por presuntas presiones a una testigo clave.
La Justicia dictó medidas contra Grandio por hostigar a una testigo clave en la causa Adorni. No podrá contactarla ni acercarse a ella.
La causa Adorni sumó un nuevo capítulo con restricciones por presiones a una testigo clave.
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Un nuevo capítulo se sumó a la causa por el viaje oficial de Manuel Adorni con una decisión clave de la Justicia. En el marco de la investigación, se dictaron medidas de restricción contra Marcelo Grandio por presuntas presiones a una testigo clave.
La resolución fue tomada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. El fallo establece que Marcelo Grandio no podrá contactar ni acercarse a Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de una empresa aérea y testigo central en el expediente.
Según la denuncia, Tossi fue hostigada mientras declaraba ante la Justicia, recibiendo llamadas y mensajes intimidatorios por parte de Grandio. El episodio ocurrió durante su testimonio sobre el vuelo que trasladó a Manuel Adorni a Punta del Este.
La testigo también aseguró que previamente había recibido una carta documento con tono intimidante. El objetivo de las comunicaciones, según su declaración, era condicionar su relato, en una instancia clave del proceso judicial.
En ese contexto, el magistrado ordenó una serie de medidas estrictas. Grandio tiene prohibido todo tipo de contacto con la denunciante, ya sea personal, telefónico, digital o a través de terceros, además de no poder acercarse a su domicilio ni a su lugar de trabajo.
El fiscal Pollicita consideró que los hechos no constituyen solo una molestia, sino indicadores concretos de presión que afectan la integridad de la prueba, lo que motivó la intervención urgente para resguardar la investigación.
Además, se dispuso avanzar con una investigación paralela. Se analizará si las conductas denunciadas encuadran en delitos como amenazas o coacción, lo que podría complicar aún más la situación del implicado.
Desde la Justicia remarcaron que la medida no implica una sanción anticipada. El objetivo es proteger a la testigo y garantizar que la causa avance sin interferencias, en un expediente sensible que involucra el uso de servicios privados por parte de funcionarios públicos.
El caso sigue en pleno desarrollo y suma tensión política y judicial. La decisión de Lijo refuerza la necesidad de resguardar a quienes aportan información clave, en una causa que continúa bajo la lupa.