Fuentes de la Oficina de Mediación Judicial y la Fiscalía de Estado confirmaron a DIARIO DE CUYO que el conflicto civil con Juan Carlos Salem terminó en un acuerdo que dejó satisfechas a las partes.
El resultado del litigio civil entre la Fiscalía de Estado y Juan Carlos Salem, el hombre acusado de realizar una amenaza de bomba antes del recital de Lali Espósito en San Juan, tiene una particularidad: el acuerdo existe, las partes quedaron conformes y el proceso terminó, pero no se puede conocer qué acordaron.
DIARIO DE CUYO consultó a las dos instituciones que intervinieron en el proceso para conocer el resultado de la mediación. Tanto desde la Oficina de Mediación Judicial como desde la Fiscalía de Estado confirmaron que hubo un acuerdo, pero ninguna comunicó sus términos con el argumento de la confidencialidad propia de este tipo de procedimientos.
De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, la mediación involucró la participación activa de abogados de la Fiscalía de Estado, defensoras oficiales y el propio Salem, de 74 años. Después de varias instancias de diálogo y cuartos intermedios, las partes lograron consensuar una salida que permitió evitar que el conflicto continuara por un prolongado litigio judicial.
Las fuentes explicaron que actuación estuvo encuadrada en la Ley Provincial 883-A, que establece la mediación previa obligatoria para determinadas actuaciones. La función, según aclararon, no consiste en determinar responsabilidades ni culpabilidades, sino en generar un ámbito para que las partes puedan formular propuestas y alcanzar una solución consensuada.
En ese marco, destacaron especialmente la predisposición de los abogados de la Fiscalía de Estado, de las defensoras oficiales que acompañaron a Salem y del propio ciudadano, quien, según las fuentes, estuvo dispuesto al diálogo y a evaluar las propuestas que se fueron planteando durante las audiencias.
El proceso, además, no se resolvió en un único encuentro. Hubo distintas instancias de negociación y cuartos intermedios hasta que finalmente se alcanzó y firmó el acuerdo.
La particularidad del caso está en que la propia herramienta utilizada para cerrar el conflicto es la que impide conocer cómo terminó.
Las fuentes explicaron que quienes participan de una audiencia deben firmar un convenio de confidencialidad y que esa obligación alcanza tanto a los profesionales como a las partes. Por ese motivo, no puede revelar qué se discutió, qué propuestas se formularon ni cuáles fueron los términos específicos del acuerdo.
Incluso una versión inicial sobre una eventual reducción de honorarios de mediación no terminó formando parte de la solución definitiva, según explicaron. Las cuestiones económicas fueron objeto de diálogo durante el procedimiento, pero las fuentes evitaron precisar cifras o condiciones por encontrarse alcanzadas por la confidencialidad.
Así, lo único que puede conocerse oficialmente es el resultado general: hubo acuerdo entre la Fiscalía de Estado y Salem y el conflicto civil quedó resuelto.
La existencia del acuerdo tampoco significa que Salem haya quedado exento de las consecuencias que pudiera tener la investigación penal iniciada a raíz de la amenaza de bomba.
La mediación que terminó con el acuerdo corresponde exclusivamente al ámbito civil. La mediación judicial no intervino en la cuestión penal y que ambas vías deben ser consideradas por separado.
El episodio que originó el conflicto ocurrió en agosto de 2025, antes del recital de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni. Según la investigación de entonces, una llamada al 911 alertó sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo y provocó la evacuación preventiva del estadio. Finalmente, los controles determinaron que se trataba de una falsa alarma y el espectáculo pudo comenzar alrededor de las 22.30.
Cinco días después, la Policía detuvo a Salem en su domicilio de Rivadavia. En el procedimiento se secuestró un arma calibre 22 y los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem le atribuyeron el delito de intimidación pública.
Aquella investigación penal y el proceso civil que posteriormente llegó a mediación tienen, por lo tanto, recorridos diferentes. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estado no implica por sí mismo el cierre de una eventual causa penal ni determina qué sucederá en ella.
