El magistrado federal cumplió 75 años y activó el mecanismo constitucional para seguir en funciones. El proceso abre una ventana de cinco días para que instituciones y ciudadanos presenten apoyos u objeciones.
El juez federal Leopoldo Jorge Rago Gallo activó el mecanismo institucional para continuar al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan tras haber cumplido los 75 años, edad límite que establece la Constitución Nacional para el ejercicio del cargo sin un nuevo acuerdo. Es una movida análoga a la de Carlos Coco Mahiques, padre del ministro de Justicia de la Nación, Juan Baustista Mahiques.
El padre del funcionario de Javier Milei presentó la documentación con el objetivo de que pueda permanecer cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal y no tenga que jubilarse al cumplir 75 años. En ese caso, Milei ya envió el pliego al Senado, que dio dictamen. Es el paso que tiene que lograr el juez Federal que actúa en San Juan.
Para Rago Gallo no debería ser un contratiempo el tratamiento en el Senado. Tiene una buena relación con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En 2018, Rago Gallo destacó una "fuerte decisión" del Gobierno nacional de Mauricio Macri -donde Bullrich también era ministra- para luchar contra el narcotráfico. Mencionó estar en contacto con ella y que la ministra estaba conforme con los resultados obtenidos en San Juan.
La solicitud de Rago Gallo quedó oficializada a través de una publicación en el Boletín Oficial, en el marco del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional, que obliga a los magistrados en esa condición a someterse a un nuevo nombramiento para permanecer en funciones. El trámite se rige por el reglamento del Ministerio de Justicia aprobado en 2024, que establece un procedimiento con instancia de participación ciudadana.
Según la normativa, desde la publicación se abre un plazo de cinco días hábiles para que la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones vinculadas al ámbito judicial y de derechos humanos puedan presentar observaciones, objeciones o respaldos a la continuidad del magistrado. Esas presentaciones deberán ser fundadas y acompañadas por una declaración jurada de objetividad.
El expediente correspondiente a Rago Gallo se inscribe en una lista de magistrados que atraviesan el mismo proceso a nivel nacional, aunque en San Juan adquiere especial relevancia por tratarse de uno de los jueces federales con mayor exposición pública.
La figura de Rago Gallo no ha estado exenta de controversias. En 2013, el magistrado quedó en el centro de la escena luego de autorizar, junto a su par Miguel Ángel Gálvez, el traslado para atención médica de los condenados por delitos de lesa humanidad Antonio Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Argerich, desde donde ambos se fugaron.
El episodio derivó en cuestionamientos que llegaron al Consejo de la Magistratura. En 2016, Rago Gallo fue acusado por presunto mal desempeño, aunque la Comisión de Disciplina y Acusación desestimó la denuncia al considerar que la responsabilidad recaía en el servicio penitenciario.
Más allá de ese antecedente, el juez ha construido un perfil poco habitual dentro de la justicia federal sanjuanina. Con intervenciones públicas frecuentes, denuncias de alto impacto y posicionamientos que lo acercaron al gobierno del expresidente Mauricio Macri, Rago Gallo se consolidó como una figura de alto voltaje mediático.