La Corte de Justicia de San Juan terminó con el cortocircuito entre los fiscales del Ministerio Público y la Cámara Penal. El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, tuvo una de las tantas reuniones periódicas con el fiscal General, Guillermo Baigorrí, en la que ambos aprovecharon para bajar los decibiles del ruido que generó un conflicto derivado de la solicitud de información sobre causas por delitos contra la administración pública bajo el antiguo sistema procesal.
Fuentes judiciales explicaron a DIARIO DE CUYO que el segundo piso de Tribunales está en paz después de algunos trascendidos periodísticos sobre el pedido de un grupo de fiscales a los tres jueces - Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Bautista Bueno- para recibir un conjunto de expedientes sobre casos de presunta corrupción que continúan en trámite bajo el sistema inquisitivo. "No le dieron mayor trascendencia", dijeron, respecto a la actitud de Olivares y Baigorrí, "era un tema que estaba prácticamente solucionado".
En rigor, hubo un picoteo de los funcionarios del Ministerio Público con los magistrados de la Cámara Penal, que no pasó a mayores por la "charla de buenos oficios" entre los jefes del Poder Judicial. En resumen, la Fiscalía solicitó a la Cámara un informe detallado sobre el estado y cantidad de causas heredadas sin tener en cuenta que los fiscales ya deberían conocer esa información por su propia participación en los expedientes. Por eso, los jueces pidieron que especificaran número y carátula de cada caso para poder colaborar.
Sin embargo, durante la época del inquisitivo mixto, los fiscales no tenían un equipo de gestión, ergo no tenían identificada la cantidad de expedientes que llevaba cada uno. Por lo tanto es dificultoso que pudiesen enviar esos detalles.
Para sofocar cualquier posible repercusión negativa del tironeo entre fiscales y jueces, las fuentes informaron que Olivares Yapur dispuso una unidad, dentro del edificio de Tribunales, con tres especialistas para agilizar el envío de datos. Los expedientes provienen del Archivo del Poder Judicial, ubicado en avenida Rioja y calle Juan Jufré, en alrededor de 160 cajas, que serán evaluadas pormenorizadamente para satisfacer la necesidad de información de la Fiscalía. El proceso ya comenzó.
Según comentaron las fuentes, el inicio del cortocircuito fue "la migración de sistemas". Los expedientes que se tramitan todavía en el sistema inquisitivo estuvieron cargados y almacenados en Lex Doctor, un programa viejo que el Poder Judicial dejó de usar hace años. Ahora tanto los jueces como los fiscales utilizan las plataformas PUMA y Choice. La Corte "reconstituyó un equipo de profesionales que trabajaron en el inquisitivo" para acelerar el traspaso de datos. La mayoría de las causas están concluidas. Incluso las fuentes aventuraron que la Cámara Penal no hará falta en un año o año y medio porque ya no ingresan casos del inquisitivo, sino del acusatorio adversarial.
Así las cosas, lo que sigue es el pase oficial de la información al Ministerio Público. Las fuentes explicaron que la Cámara enviará una nota y un pendrive con los expedientes a la Corte de Justicia que, a su vez, contesará oficialmente a la Fiscalía General. De manera que los fiscales tendrán la documentación de las causas de corrupción y el asunto quedará zanjado.