La reforma laboral sufrió su primer revés judicial luego de que el juez Ricardo Gileta declarara inconstitucional el artículo 55 de la ley de Modernización Laboral. La decisión impacta en la actualización de deudas en juicios laborales, un punto central de la normativa que podía reducir entre 20% y 60% lo que finalmente cobrarían los trabajadores.
Según la resolución, el artículo cuestionado establecía un nuevo sistema de cálculo para las deudas laborales, lo que generaba diferencias respecto a los criterios utilizados por varios tribunales laborales antes de la sanción de la norma.
El artículo de la reforma laboral que quedó bajo cuestionamiento
El artículo 55 de la reforma laboral fijaba que las deudas en juicios laborales se actualizaran utilizando intereses basados en la tasa del Banco Central (BCRA), con un límite máximo equivalente a la inflación más un 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.
Para el magistrado, ese esquema modificaba de forma sustancial el monto final que perciben los trabajadores en litigios laborales, especialmente en causas iniciadas antes de la aprobación de la nueva legislación.
En su fallo, Gileta resolvió “desechar la validez constitucional del artículo 55”, lo que implica que en el caso analizado no se aplicará ese mecanismo de actualización.
Los fundamentos del fallo judicial
El juez analizó el sistema de actualización de los créditos laborales y sostuvo que el capital original debe recalcularse bajo el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la ley 27.082.
Ese esquema establece que el monto adeudado se actualice según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumando además un interés del 3% mensual desde la mora hasta el pago efectivo.
Según el magistrado, la reforma introduce un tratamiento distinto entre juicios nuevos y causas iniciadas antes de la sanción de la ley, lo que a su criterio viola el principio de igualdad ante la ley.
El fallo, que representa el primer revés judicial contra la reforma laboral, podría abrir la puerta a nuevos planteos judiciales en distintos tribunales del país, ya que numerosos expedientes laborales se encuentran actualmente en trámite.
Además, especialistas señalan que la decisión podría impactar en litigios en curso y generar nuevas discusiones jurídicas sobre el alcance de la normativa. En ese contexto, el debate sobre la aplicación de la ley ya comenzó a extenderse en distintos sectores del ámbito judicial y sindical.