La iniciativa recibió dos modificaciones tras la reunión de los diputados con Daniel Olivares Yapur.
La Legislatura de San Juan aprobó este lunes por unanimidad de los diputados presentes el proyecto de Ley Complementaria del Régimen Penal Juvenil, una norma que permitirá adecuar la aplicación provincial a la nueva legislación nacional mientras avanza la elaboración de un Código Procesal Penal Juvenil definitivo, bajo un sistema acusatorio y adversarial.
La iniciativa había sido enviada por la Corte de Justicia y recibió dos modificaciones durante su tratamiento en el recinto, luego de la reunión que los diputados mantuvieron con el presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur. Los cambios alcanzaron los artículos 18 y 19 del proyecto original y estuvieron vinculados con el presupuesto y con la figura del supervisor.
Uno de los puntos que generó planteos durante el debate fue precisamente el alcance temporal de la norma. Desde el peronismo pidieron que quedara expresamente aclarado que el carácter transitorio alcanza también al rol del supervisor, de manera que esa función quede vinculada al período de adecuación y se extienda hasta la sanción del Código Procesal Penal Juvenil definitivo.
El artículo 18 del proyecto establece que las disposiciones aprobadas regirán el proceso penal juvenil de manera complementaria a la normativa vigente y con carácter transitorio, hasta que San Juan adecue su legislación procesal a lo establecido por la Ley Nacional 27.801.
La discusión legislativa se produjo en un escenario particular: desde el 5 de septiembre está vigente en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, mientras que San Juan mantiene su Ley 754-O, basada en un modelo procesal mixto inquisitivo. Por eso, la Corte impulsó esta norma complementaria como una herramienta intermedia hasta que la provincia sancione un sistema específico acusatorio-adversarial.
El proyecto incorpora herramientas que hasta ahora no tenían un desarrollo específico dentro del esquema provincial para este nuevo régimen, entre ellas la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado.
La figura del supervisor aparece vinculada especialmente al seguimiento de las reglas de conducta cuando se concede una suspensión del proceso a prueba. El proyecto prevé que quien ejerza esa función controle el cumplimiento y comunique periódicamente al juez las circunstancias que puedan requerir una modificación de la medida.
Olivares Yapur había explicado ante los diputados que el objetivo de la propuesta era adaptar la nueva legislación nacional al esquema procesal que actualmente tiene San Juan, sin modificar de manera inmediata la Ley 754-O. El titular de la Corte también había remarcado que el régimen definitivo requerirá un sistema especializado, con jueces, fiscales, defensores y asesores específicos para adolescentes.
