En un acto realizado en el Museo Provincial de Bellas Artes, el Ministerio Público Fiscal de San Juan presentó oficialmente la Comisión Redactora de la Política Criminal provincial, un espacio interinstitucional que buscará definir criterios públicos, coherentes y previsibles para orientar la persecución penal en todo el territorio sanjuanino.
La Comisión Redactora estará presidida por el fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, y contará con la coordinación general de los doctores Fabián Meló, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta. La integran, además, el fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici; el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi; la fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica; el fiscal coordinador de la UFI CAVIG, Roberto Ginsberg; la fiscal coordinadora de la UFI ANIVI, Valentina Bucciarelli; el fiscal coordinador de la UFI Genérica, Ignacio Achem; la fiscal coordinadora de la UFI Flagrancia, Virginia Branca; el fiscal coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín; y el fiscal coordinador de la UFI del Norte, Sohar Alfredo Aballay.
En representación del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, participan el Osvaldo Ontiveros, asesor letrado de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público; el Comisario Mayor Marcelo Llanos por la Policía de San Juan; y la Alcaide Mayor Patricia Salinas por el Servicio Penitenciario Provincial. Esta integración refleja una mirada amplia e integral que contempla la prevención, la actuación policial y la ejecución de la pena. Mientras que del ámbito Legislativo, por el Bloque Oficialista, diputado Juan de la Cruz Córdoba, como titular; y Alejandra Leonardo, suplente; por su parte, el Bloque Opositor mayoritario, Fernanda Paredes, titular; y Mario Herrero como suplente.
La actividad fue encabezada por el Fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorri, junto al secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, y contó con la participación de representantes del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, además de autoridades policiales y penitenciarias.
Durante su discurso, Baigorri remarcó el valor institucional de la iniciativa y sostuvo de manera textual que “la participación de todos los poderes pone de manera elocuente el compromiso de los órganos del Estado con la seguridad pública, la seguridad jurídica y la plena vigencia del Estado de Derecho”. En ese sentido, subrayó que si bien el Ministerio Público Fiscal tiene el mandato constitucional de defender el interés público y los derechos de las personas, esa función exige también planificación, coherencia y uniformidad en los criterios de actuación penal.
El Fiscal General fue enfático al señalar que la política criminal no puede quedar librada a opiniones individuales o circunstanciales, sino que debe regirse por lineamientos generales previamente establecidos, de conocimiento público, para evitar discrecionalidades y garantizar la igualdad ante la ley. “La determinación de una política criminal basada en criterios generales y preestablecidos resulta no sólo conveniente, sino jurídicamente necesaria”, afirmó.
Baigorri aclaró además que la planificación no implica rigidez, ya que los contenidos de la política criminal deben adaptarse a los cambios en la conflictividad social, a las características del delito y a las legítimas demandas de la sociedad, siempre dentro de un marco legal claro y transparente.
En esa línea, destacó especialmente la conformación plural de la comisión, integrada por fiscales del Ministerio Público, representantes del Poder Ejecutivo, de las fuerzas de seguridad, del Servicio Penitenciario Provincial y legisladores de distintos bloques. Según expresó, este aporte colectivo permite construir una política criminal con mirada estratégica, experiencia técnica y consenso institucional.
Finalmente, y en cumplimiento de sus obligaciones legales, Baigorri anunció que la comisión redactora comenzará formalmente sus actividades en febrero del próximo año, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el debido proceso y consolidar las instituciones de la provincia.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, resaltó el trabajo sostenido y colaborativo entre el Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal, y remarcó que la política criminal requiere una mirada integral, que articule prevención, actuación policial y ejecución de la pena.
La creación de esta comisión marca un paso clave hacia una respuesta penal más ordenada, transparente y coordinada, reafirmando el compromiso del Estado sanjuanino con la justicia, la legalidad y la seguridad pública.