La anulación de actuaciones en la causa fue leída apresuradamente como un guiño a la empresa. Sin embargo, los propios fundamentos del fallo y explicaciones reservadas del tribunal muestran exactamente lo contrario: más control, más imputaciones. El expediente vuelve a foja cero, pero con mayor presión.
La lectura rápida dice todo lo contrario a lo que realmente quiere decir. El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada en la causa contra Naturgy ofrece un caso testigo de cómo una decisión judicial puede ser mal interpretada en el ajetreo cotidiano.
Para entender la dimensión del conflicto, hay que salir del expediente e ir a la materialidad: la disputa gira en torno a un predio de unas siete hectáreas ubicado en avenida Benavídez 2400 Este, en Chimbas. Es un espacio que desde hace tiempo genera malestar entre los vecinos por la acumulación de escombros y reiterados problemas de inseguridad.
A simple vista, la nulidad de actuaciones dictadas en primera instancia por el juez Enrique Mattar podría sugerir un beneficio para la empresa. Pero una revisión más profunda —tanto del expediente como de los fundamentos técnicos que circularon en off— reveló un escenario inverso: la Cámara no alivió a Naturgy, sino que endureció el proceso en su contra.
El primer error de interpretación radicó en equiparar nulidad con beneficio. La Cámara, que preside el juez Fernando Vargas, anuló decretos clave del magistrado de primera instancia por violaciones al debido proceso, falta de motivación y omisiones sustanciales .
Pero esa decisión no cierra el caso ni favorece a la empresa. Por el contrario, lo reabre bajo condiciones más estrictas: exige una imputación clara, ordena rehacer actos esenciales del proceso y obliga a encuadrar correctamente las conductas investigadas. En otras palabras, la causa no se cae: se fortalece.
Si hubiera que buscar un indicio concreto de si el fallo es o no “pro Naturgy”, basta con observar qué pasó con los planteos de la compañía. La respuesta es contundente: la Cámara rechazó el recurso de nulidad interpuesto por su apoderado contra una medida de mejor resolver .
Es un dato insoslayable. Esa medida —resistida por la empresa— tenía como objetivo incorporar nueva prueba para actualizar el estado de los hechos. Es decir, abrir la puerta a información que podría complicarla. El tribunal no solo la convalidó, sino que la consideró necesaria ante la parálisis del expediente durante más de seis meses.
Uno de los núcleos más sensibles del fallo es, justamente, el que menos se destacó en la lectura superficial: la orden de avanzar sobre las personas físicas detrás de la empresa, sobre las autoridades.
La Cámara fue explícita: no alcanza con imputar a la persona jurídica. Hay que identificar a quienes actuaron en su nombre —directores, gerentes, responsables operativos— porque “solo el hombre es capaz de obrar culpablemente” . Difícilmente pueda leerse como un beneficio para Naturgy una decisión que expone directamente a sus cuadros directivos.
Otro dato que desarma la idea de un fallo favorable es la ampliación del objeto de la causa. La Cámara detectó que el juez Mattar omitió investigar posibles infracciones relevantes y ordenó incorporarlas. Entre ellas, la falta de habilitaciones en el predio de Chimbas, la ausencia de documentación sanitaria y de seguridad, y el posible manejo irregular de residuos. Incluso se dejó abierta la puerta a derivaciones penales si se confirma daño ambiental.
Es decir, la empresa no solo sigue siendo investigada: ahora enfrenta un espectro más amplio de posibles incumplimientos, en un terreno que además ya está bajo cuestionamiento social.
Hay un elemento adicional que ayuda a entender el sentido del fallo: la Cámara intervino en un expediente que llevaba más de seis meses prácticamente paralizado.
La supuesta inacción del juzgado de origen —y, según se desliza, también ciertas estrategias defensivas— impedía avanzar hacia la “verdad real”, un concepto que el tribunal vincula directamente con el interés público comprometido en materia ambiental .
Desde esa perspectiva, el fallo busca reactivar un proceso que no estaba funcionando, en un caso que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos.
El problema, entonces, no está en el fallo sino en su lectura. La Cámara anuló actos mal hechos, sí. Pero al mismo tiempo rechazó los planteos de la empresa, ordenó producir más prueba, amplió las imputaciones y puso el foco en responsabilidades individuales.
En términos concretos, eso no es un beneficio. Es un llamado de atenicón, una advertencia.
Ahora, lejos de cerrarse, la causa contra Naturgy entra en una nueva etapa que tiene potencialmente más comprometida a la empresa y sus directivos. Por eso el tribunal evitó resolver el fondo del caso y ordenó que un nuevo juez de primera instancia retome el expediente. Hay que esperar el sorteo.