La investigación realizada por el grupo Opik de Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) analizó la relación la inseguridad laboral y la salud mental desde una perspectiva multidimensional basada en "la escala de inseguridad laboral EPRES", que consta de seis dimensiones: impermanencia, salario, desempoderamiento, vulnerabilidad, derechos y capacidad de ejercer derechos.

Cada una de las dimensiones fue analizada por separado con el fin de identificar aquellas que potencialmente ejercieron un mayor impacto sobre la salud, a partir de una muestra de la Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca de 2018.

"Vimos que había algunas dimensiones que parecen ejercer un mayor impacto que otras en la salud mental", señaló Erika Valero-Alzaga, una de las investigadoras al portal Infosalus de la agencia de noticias Europa Press, según consignó la agencia DPA.

Las transformaciones socioeconómicas y políticas "han provocado un importante deterioro de la calidad del empleo y una transferencia de los riesgos y la inseguridad de los empleadores a los trabajadores", añadió la investigadora.

"Además, la inseguridad laboral no se distribuye uniformemente entre la población trabajadora", detalló.

En ese sentido, el estudio arrojó que las mujeres tienden a ocupar puestos de trabajo de menor calidad, tienen contratos más desfavorables que los hombres, niveles salariales más bajos y están sobrerrepresentadas en los empleos a tiempo parcial.

Asimismo, la precariedad laboral se concentró más en los jóvenes y en las personas de menor nivel socioeconómico.

"La precariedad laboral tiene efectos negativos enormemente significativos en la salud mental, por lo que teniendo en cuenta el impacto que el trabajo en general (trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidados) tiene en la vida de las personas, debería ser una prioridad a nivel político", apuntó Valero.

Y agregó que, si bien hasta ahora la preocupación -en España- fue terminar con el desempleo, que también ejerce un impacto negativo en la salud, "no se trata sólo de garantizar el acceso al empleo, sino de asegurar el acceso a un empleo decente y a unos niveles salariales adecuados".

En ese aspecto, los resultados del estudio "podrían ayudar a identificar los aspectos más desfavorables de la precariedad laboral para la salud mental y así poner en marcha diversas medidas sociopolíticas para afrontarlos", explicó Valero.

No obstante, reconoció que se trata de un estudio transversal que "impide establecer un principio de causalidad entre la precariedad laboral y la salud mental", y subrayó la necesidad de promover nuevas investigaciones para adaptar y analizar la escala EPRES en trabajadores autónomos, así como en personas que no tienen contrato laboral. (Télam)