Diego Barrera, dueño del gimnasio de Chimbas donde el último lunes fueron detenidas él y otras tres personas porque supuestamente estaban violando la cuarentena, salió a hablar luego de que esta mañana le concedieran en Flagrancia el beneficio de la probation.

El hombre en primer lugar aclaró que "no estábamos haciendo nada malo". Explicó que, con la llegada de la pandemia al país, allá por marzo, para poder sostener el local, junto a su socio decidieron alquilar los elementos. "La Secretaría de Deportes nos dio un permiso que no tenía fecha de caducidad", afirmó y agregó que "de esa manera pudimos más o menos sobrevivir, para comer, para poder pagar alquiler, para no cerrar un negocio que para poder abrirlo hice un sacrificio toda mi vida".

Con la vuelta de la Fase 1 decretada por el Gobernador tras el brote de contagios, Barrera dijo que ellos también tuvieron que retroceder y volver al delivery de elementos. "Apenas nos enteramos, la Secretaría de Deportes no nos brindó el permiso pero estaban enterados que íbamos a volver a hacer delivery", sostuvo.

"Mi socio, Marcos Godoy, tiene 3 hijos, tiene que darles de comer. No puede decirles "miren, aguántense unos días sin comer" Diego Barrera

"Hay personas que buscan los elementos por el gimnasio, hasta policías que vinieron a buscar cosas para entrenar en sus casas", agregó.

Sobre el episodio del lunes, afirmó que ese día tenían que entregar una bicicleta en Rivadavia. Según su versión, él y su socio la estaban armando cuando llegaron dos clientas a alquilar elementos.

"En ese transcurso llegó la Policía. Les tratamos de explicar que el gimnasio ya está sin elementos pero aún así nos trasladaron a la comisaría 17ma. Pensamos que nos iban a hacer una contravención pero no fue así. Nos metieron a un calabozo, sin agua sin comida, muertos de frío", se quejó Barrera, quien además se autodescribió como "gente trabajadora que aporta a la sociedad".

El mal rato duró hasta la mañana de este miércoles, cuando lo juzgaron en Flagrancia junto a su socio Marcos Godoy, a María Cocinero y Yanina Castro. Si bien no la sacaron gratis (les suspendieron el juicio a prueba por 1 año, a cambio de trabajos comunitarios por 30 horas en las municipalidades de sus domicilio por 30hs, y una reparación simbólica de $10.000), si cumplen con lo estipulados sus planillas prontuariales quedarán limpias.