La última gran polémica por los ascensos se produjo a fines de diciembre del año pasado. La Corte de Justicia sacó una acordada en la que dispuso que 310 empleados administrativos subieran a categorías superiores, basándose solamente en la valoración que los mismos cortistas realizaron del personal, es decir, de manera discrecional y sin que se hubiera implementado un examen académico y de antecedentes. El argumento se centró en “razones de servicio y urgencia”, por lo que se dejó de lado la acordada que el máximo tribunal había emitido en 2001, en la que estableció que las promociones debían ser por concurso.
