Sobre los escenarios legales sobre los que se discute la ley de radiodifusión, Guillermo Mastrini, titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, en la Universidad de Buenos Aires, en una publicación que hizo el diario Crítica, analiza que hay tres:

La ley de la dictadura (22.285): es “centralista”, ya que regula los medios desde el Poder Ejecutivo y favorece el predominio de los porteños, y “antimonopólica”, debido a que los militares fijaron restricciones a los multimedios, ya que “tenían miedo a la conformación de grupos como O Globo, que resultó muy crítico de la dictadura brasileña”. Es importante recordar que la norma se dictó cuando en la Argentina no había cable, internet ni celulares.

Los “parches”: el menemismo “eliminó la legislación antimonopólica, auspició la integración de medios gráficos y audiovisuales y la formación de cadenas, al tiempo que acentuó el centralismo porteño”. Entre los autoritarismos caducos, Mastrini cita la conformación del Comfer -hoy intervenido- y el hecho de que “los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional”.

El proyecto en debate: “Puede ser mejorado, pero el panorama cambiaría radicalmente porque habría un piso totalmente distinto. La nueva ley eliminará la discrecionalidad y, sobre todo, será democrática”. Aun así, el especialista avizora una judicialización del tema y una aplicación y reglamentación distantes. “Los grandes medios no quieren que se regule la comunicación en democracia”.