La Cámara de Diputados ratificó ayer la ley de necesidad y urgencia que había sacado el Ejecutivo el 2 de este mes, en la que congeló las tarifas de agua, cloaca y luz por 180 días, es decir, hasta los primeros días de enero. En el caso de los dos primeros servicios, que presta Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el freno en los aumentos viene desde principio de año. Por el lado de la boleta de la energía eléctrica, desde el Gobierno indicaron que la medida va en sintonía con el decreto presidencial y será el Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) el que deberá regular el procedimiento. Además, se prorrogó por el mismo plazo la prohibición por parte de Energía San Juan, de la suspensión o corte del servicio para un grupo de usuarios que caigan en mora o falta de pago en el medio de la crisis económica que derivó de la pandemia del coronavirus, aunque estos, luego, deberán acceder a planes de pago.

En enero de este año, el gobernador Sergio Uñac anunció el freno del incremento que estaba previsto para la tarifa del agua y del servicio cloacal. En ese momento, el objetivo fue "cuidar el poder adquisitivo de los sanjuaninos", había dicho el mandatario, frente al escenario de recesión económica que se había generado tras la administración nacional de Cambiemos. En el medio estalló la pandemia del Covid-19, que llevó al aislamiento obligatorio como prevención y al parate de las actividades económicas, con su consecuente impacto en las empresas, el trabajo y los salarios.

De ahí la necesidad de extender el congelamiento, el que ahora quedó plasmado en una ley, ya que antes se había configurado a través de una decisión de tipo administrativa. Así, el titular de un hogar que tiene sólo conexión de agua sigue pagando 395,51 pesos, mientras que el que que posee agua y cloaca desembolsa 720,71 pesos. Los jubilados tienen precios diferenciales, ya que en el primer caso abonan 188,95, mientras que en el segundo, 329,87 pesos.

Como OSSE no percibe un aumento originado por la suba de los costos de los insumos, el Ejecutivo ha tenido que inyectar recursos para que la empresa estatal pueda sostener las actividades básicas del mantenimiento de red y encarar algunas obras. La ministra de Hacienda, Marisa López, había señalado que la ayuda de las arcas oficiales era de 35 millones de pesos por mes. En el año, implicará una inversión, de mínima, de 420 millones de pesos, dado que el cálculo mensual fue hecho a principio de año, sin contar el incremento de los valores de los materiales e insumos que utiliza OSSE para la potabilización del agua y las obras nuevas y de reparación.

El término utilizado en la ley fue el de la "invariabilidad" de las tarifas, que incluyó la de la energía eléctrica. Además, la norma impide, por otros seis meses, la suspensión o corte del servicio eléctrico para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas sociales, pacientes electrodependientes, jubilados y pensionados con un haber que no supere un monto equivalente a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil, parámetro aplicable también a los trabajadores de relación de dependencia, entre otros. Los integrantes de este grupo tienen que haber caído en mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternadas, cuyo vencimiento se de a partir del 1 de marzo de este año, siempre que los usuarios regularicen la deuda con un plan de pago de hasta seis cuotas sin interés para los Usuarios de Categoría Residencial beneficiarios de la Tarifa Social Provincial.

Además, los diputados sancionaron la ley que suspende las elecciones y prorroga los mandatos de autoridades en ciertas instituciones.

  • Prórroga de mandatos en instituciones

Los legisladores aprobaron la norma que suspendió las elecciones, asambleas ordinarias y extraordinarias "y todo acto institucional de las entidades que regulen la matriculación de profesionales y sus Cajas Previsionales" hasta el 15 de diciembre. Se trata de instituciones de Derecho Público no Estatales, cuyos comicios y duración de funciones están regidos por una ley, por lo que fue necesario otra para regular su situación debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus. Entre ellas se encuentra el Foro de Abogados, que suele tener férreas disputas electorales por el control de una entidad que tiene su cuota de poder al sentarse a dialogar con la Corte sobre el servicio de Justicia y con otros poderes del Estado. Otros que están en la misma situación son el Colegio de Ciencias Geológicas, el de Psicólogos, el Fisiokinésico y el de Arquitectos. La ley, además, prorrogó los mandatos de las autoridades de dichas instituciones hasta el 15 de diciembre, a la vez que suspendió hasta el 30 de octubre todos aquellos actos preelectorales y acciones preparatorias para llevar adelante los procesos eleccionarios. La norma establece que, en caso de quedara sin efecto la emergencia Sanitaria o desaparecieran los obstáculos que impiden la realización de los procesos electorales antes del 30 de octubre, las instituciones deben convocar los comicios para la renovación de autoridades "en los plazos oportunos y según la normativa pertinente".