Cuando Cristian y Víctor se conocieron sabían que concretar el sueño de ser padres no iba a ser una tarea fácil. Pero algunos fallos judiciales en otras provincias les abrieron la posibilidad de iniciar su lucha legal para tener un hijo gracias a la subrogación de vientre. Sin embargo, la obra social se niega a cubrir el tratamiento de fertilidad asistida que está incluido en el plan médico obligatorio.

El camino hacia la paternidad de estos sanjuaninos transita dos carriles distintos. Por un lado deben conseguir la sentencia judicial que les permita que una mujer sea la gestante (aunque sin derechos después) conciba al niño y por el otro, persiguen que Galeno se haga cargo del tratamiento que cuesta más de 500 mil pesos. 

El pedido de subrogación de vientre se presentó en el Tercer Juzgado de Familia, a cargo de Esteban de la Torre, y se encuentra en pleno curso. El magistrado confirmó que no hay antecedentes de este tipo de gestación en una pareja del mismo sexo en San Juan, pero sí en otras provincias. 

Para la realización del procedimiento elegido, deberán contar con un óvulo de una donante, fecundado con el esperma de uno de los integrantes de la pareja. El embrión será implantado en el útero de la gestante, quien no tendrá luego ningún derecho legal sobre la persona por nacer. El niño o niña que nazca sí tendrá derecho a conocer su origen y hasta a saber quién fue la donante del óvulo, dato que queda preservado en la clínica de fertilización elegida donde se lleve a cabo este procedimiento.

Una amiga de la pareja, actualmente radicada en otra provincia, fue quien propuso el método y se ofreció de “medio” para concretar el anhelo de la pareja. “Nuestra primera intención fue la adopción, pero nuestra amiga nos contó de este método y empezamos a averiguar. Nuestro mayor sueño es ser padres y contamos con el apoyo de todos nuestros seres queridos, nos parece injusta la postura de la obra social”, afirmó Cristian, quien de contar con la resolución judicial sería el donante de esperma. 

Aunque la presentación lleva su curso en la Justicia, la gestante está, el principal meollo resultó ser la obra social. “La ley de fertilidad dice que las obras sociales deben hacerse cargo de cualquier tratamiento para cualquier persona y por cualquier avance científico dentro de este marco. No hay aclaraciones respecto a la orientación sexual de los solicitantes. Desde el primer día nosotros expusimos que realizaríamos un tratamiento de esta índole y esperamos el año de carencia que corresponde. Nunca tuvimos una respuesta”, relató Cristian.

Cansados de las dilaciones, y conscientes de no poder afrontar un tratamiento de esta índole de manera particular es que recurrieron a la Superintendencia de Salud donde un informe de la asesoría letrada del organismo dictaminó que corresponde la cobertura total del procedimiento. “Somos dos trabajadores no podemos gastar más de 500 mil pesos para hacerlo de manera particular ni viajar al exterior para cumplir nuestro sueño. Queremos formar nuestra propia familia concebida desde lo más profundo de nuestro amor”, finalizó.