Argentina se juega hoy miles de millones de dólares en un tribunal de Nueva York, donde se dirime una compensación que tendrá que pagar por la expropiación de YPF en 2012 y que de mínima podría llegar a unos 5.000 millones de dólares como pidió el Estado argentino o U$S 16.000 millones como reclaman dos fondos buitres.

Hoy concluirá un proceso de tres días organizado por la jueza federal Loretta Preska para definir los daños económicos que el Estado argentino debe pagar a la firma Burford Capital y al fondo estadounidense Eton Park.

La Argentina perdió el juicio por la expropiación de YPF en marzo pasado. Si bien todavía hay instancias de apelación del caso, el país debería pagar una garantía que será proporcional al monto de indemnización que se determine. En este contexto, Argentina solicitó a la justicia de EEUU que el reconocimiento de daños no sea mayor a los 4.920 millones de dólares, según consta en un escrito presentado ayer en Nueva York.

Todo comenzó cuando el 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF y envió el proyecto de ley al Congreso. Menos de un mes después, el 7 de mayo de ese mismo año, el Congreso aprobó por mayoría la estatización. Las fechas no son un detalle, sino que son parte crucial del juicio para definir la indemnización que Argentina debe pagar por esa decisión.

Es que para determinar el monto final primero hay que definir la fecha exacta en la que Argentina se hizo con el control de YPF. El otro dato clave del juicio son los intereses a pagar.

En el primer caso, los demandantes consideran que eso ocurrió el 16 de abril de 2012, mientras que el país dice que, como muy pronto, se dio el 7 de mayo de ese año, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación) que le permitió a la Argentina quedarse con el 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española Repsol.

En el segundo, la demanda reclama una tasa de interés de entre el 6% y el 8% y Argentina pide que no se exija el pago de interés o que se aplique un tipo mucho más bajo.

En su fallo contra la Argentina en marzo pasado, la jueza Loretta Preska dictaminó que el entonces gobierno de Cristina Kirchner tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51%.

Eso dice el estatuto de la petrolera, presentado ante la Comisión de Valores de EEUU, en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York: si cambia de manos el control mayoritario de la compañía, los accionistas minoritarios tienen el derecho de vender su parte al mismo precio.

En su momento, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quienes eran interventores en YPF, se negaron a realizar esa oferta. "No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF", había dicho el actual gobernador de Buenos Aires en su exposición ante el Congreso.

Por ahora, se desconoce cuándo la jueza puede dictar sentencia, pero lo habitual es que en este tipo de casos esa decisión no sea inmediata y se demore al menos un tiempo tras haber escuchado a las partes.

El caso se inició en 2015, cuando Burford Capital, una firma que financia litigios, impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Ambas habían pertenecido al grupo argentino Petersen. Al caso se sumó en 2016 como demandante Eton Park, fondo estadounidense que tenía el 2,9% de YPF.

• La fecha es clave

 La fecha que se tome de referencia para el pago por la expropiación es importante porque la acción de YPF sufrió una caída muy fuerte tras el anuncio del 16 de abril de 2012 y, por tanto, incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones.