La conducción del Partido Justicialista (PJ) que encabeza José Luis Gioja apeló ayer la intervención ordenada por la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, consideró que se trata de "un fallo político" y acusó nuevamente al presidente Mauricio Macri de estar detrás de la decisión judicial. A su vez, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, contradijo esa afirmación y despegó al macrismo de la arremetida judicial. Paralelamente los gobernadores, a través de un comunicado, rechazaron la decisión judicial con ciertos argumentos jurídicos. Ya se habla de una reunión del peronismo para el 18 del mes que viene.

"Hemos presentado la apelación, y la hemos pedido con efecto suspensivo para que automáticamente cese esta intervención hasta la resolución de fondo", señaló Patricia García Blanco, apoderada del PJ, en diálogo con la prensa en Tribunales. En ese marco, agregó que "no hay fundamento jurídico para esta intervención" ni "ninguna cuestión administrativa". "No hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido. Es un fallo político. El partido está normalizado, tiene sus autoridades elegidas desde 2016 a 2020 y están firmes por la misma jueza", aseveró la apoderada partidaria. Por su parte, Eduardo López Wesselhoefft, abogado y otro de los apoderados del partido, sostuvo que "el plazo (para que Servini decida si concede la apelación) es de tres días". "La instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales", aseveró. En el texto de la apelación presentada, al que accedió Télam, se afirma que "la decisión de intervenir el Partido Justicialista Nacional sin encontrarse incurso en ninguna causal establecida en la ley de partidos políticos, ni encontrarse reunidos los extremos establecidos en el artículo 225 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resulta arbitraria, injustificada y a todas luces ilegítima, ocasionando un perjuicio irreparable al partido". Los apoderados del justicialismo cuestionaron a Servini en la apelación: "La remoción del Consejo Nacional Partidario, con mandato vigente, con todos los balances aprobados por Vuestra Señoría, resulta incongruente con la medida adoptada entre gallos y medianoches", apuntaron.

Por su parte, los gobernadores peronistas, en el comunicado emitido ayer a los medios, aseguraron que "Vemos con preocupación la intervención del Partido Justicialista Nacional, en el entendimiento de que no hay motivos para tal decisión". Argumentando que "la Medida Cautelar aparece sorpresiva y arbitraria, desprovista de los elementos esenciales y propios de toda cautelar, tales como: verosimilitud de derecho por parte de quien la invoca y peligro en la demora. No se puede ordenar una medida de tal gravedad institucional solo bajo la invocación de una supuesta crisis interna y efectuando consideraciones de neto corte político coyuntural, como los resultados electorales obtenidos, sin detener su análisis en el entorno jurídico de procedencia", entre otros conceptos.

Hasta anoche al menos, tanto los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, como el entrerriano Gustavo Bordet y el riojano Sergio Casas, manifestaron públicamente su rechazo a la decisión de la jueza Servini.

Por su parte, Urtubey también rechazó el fallo, aunque despegó al macrismo como supuesto autor intelectual, al decir que "no necesariamente está la mano del Gobierno en esta intervención".

Ayer Gioja salió a convocar a una reunión partidaria con legisladores, gobernadores y otros funcionarios para el 18 de mayo, aunque al cierre de esta edición no cosechaba casi adhesiones.

Reunión
 

Uñac, en redes sociales anoche, escribió sobre la reunión con Gioja: "Dialogamos con preocupación sobre la intervención judicial del PJ Nacional y evaluamos las instancias procedimentales que proseguirían".