En la primera sesión presencial desde que comenzó la cuarentena en marzo de 2020, y quizás la última antes de las elecciones del 14 de noviembre, la Cámara de Diputados inició ayer un maratónico raid legislativo que tiene como principal misión convertir en ley el proyecto sobre el etiquetado frontal de alimentos. Se trata de una iniciativa reclamada por diversos sectores ya que determina la obligatoriedad de advertir en el envase de los productos sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los alimentos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La iniciativa ya tiene la media sanción del Senado, y según se sostuvo antes y durante la sesión, tendría asegurada la aprobación de la mayoría de la Cámara Baja ya que esta iniciativa surgió de un mix de proyectos que presentaron legisladores del oficialismo y la oposición.

El proyecto de etiquetado frontal apunta a advertir a la sociedad sobre los productos que tienen un alto contenido de grasas, sodios y azúcares y, de esa forma, ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

El dictamen de mayoría prevé la incorporación en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

Además, establece que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, la iniciativa determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.

El proyecto es rechazado por algunas empresas de la alimentación y genera resistencias entre legisladores de las provincias del norte, que sostienen que el etiquetado frontal perjudicará a la producción azucarera. En cambio, es respaldada por organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando la sanción de una ley que promueva una alimentación saludable.

Aunque la sesión comenzó al mediodía, recién a las 16 comenzó formalmente el tratamientos de proyectos por las cuestiones de privilegio que se trataron para incluir otros temas a la agenda pero ninguno prosperó. Por eso, se dilataron mucho más de los previsto los tiempos y se esperaba que el debate continuará bien entrada la mañana de hoy. Incluso se hablaba de una sesión de al menos 30 horas.

En este contexto, otro puñado de temas acordados originalmente coparán el segundo tramo de la sesión. Entre ellos se destaca uno que tiene suma importancia para la provincia de San Juan: el régimen previsional para trabajadores de la actividad vitivinícola, viñas y frutales.

Según explicó en el recinto el diputado José Luis Gioja, "a estos trabajadores se les reconoce para poder jubilarse el mismo régimen que tienen los trabajadores rurales, es decir, cuando cumplan veinticinco años de aportes".

También se destaca el proyecto de alivio fiscal, que busca achicar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y mipymes. La iniciativa comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.

Otros proyectos son el régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer y el régimen de Recuperación de Ganadería Ovina.

  • Buscan gran ayuda para oncopediatría

El proyecto de oncopediatría que trataba anoche la Cámara de Diputados establece que el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del ciento por ciento en las prestaciones para las prácticas terapéuticas, de prevención, de promoción, de diagnóstico, y para todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

A través de la iniciativa, se determina además que el Estado nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

En otro orden, el proyecto contempla que uno de los progenitores o representantes legales gozará del derecho de licencias especiales que permita acompañar a los niños, niñas y adolescentes a realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud.

También establece la obligatoriedad de elaborar guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento y asistir a los centros oncológicos para que brinden una atención de calidad que respete todos los derechos de los niños.