La Corte Suprema de los EEUU encendió una luz de esperanza ayer para Argentina en el millonario juicio de un fondo buitre contra el país por la expropiación de YPF a la petrolera española Repsol durante el gobierno de Cristina Kirchner al invitar a dar su opinión sobre el caso al gobierno de Donald Trump.

El Tribunal Supremo de EEUU solicitó al procurador general de ese país a presentar su punto de vista sobre el juicio entablado contra la petrolera argentina YPF por el fondo buitre Burford Capital, a raíz de la estatización de la compañía concretado en 2012, y en cuyo proceso se debe definir si continuará en Nueva York o en Buenos Aires.

Esta resolución, un golpe de timón que podría llevar a buen puerto a la Argentina, llegó después de una alución directa sobre el tema por parte del presidente Mauricio Macri a su par de EEUU durante la Cumbre del G-20 que se realizó en Buenos Aires el 30 de noviembre pasado.

El pronunciamiento de la Corte, que era esperado en las últimas semanas y fue publicado ayer en la orden del día del alto tribunal, pidió la intervención del procurador general, que ejerce el republicano Noel Francisco, quien argumentará en nombre del Gobierno del presidente Trump.

La resolución expresó textualmente que "el Procurador General (Solicitor General) está invitado a presentar su escrito en este caso que exprese los puntos de vista de los Estados Unidos", una medida intermedia de las tres posibles que se consideraban en el caso.

La opinión de Solicitor General no es vinculante para la Corte, pero no se descarta el peso que puede tener la opinión de la Casa Blanca en el caso, y, en definitiva, acerca de una posible resolución más de tono político.

El fondo Burford inició contra la Argentina una demanda en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF, en la que reclama un resarcimiento de U$S 3.000 millones.

Por su parte, la Argentina a través de el procurador general, Bernardo Saravia Frías y los estudios de abogados contratados por el Gobierno e YPF, habían solicitado ya a mediados de 2017 que el litigio se resuelva en los tribunales nacionales. Al repecto, la Corte Suprema podía decidir ayer que el juicio volviera a los tribunales de Nueva York; que la causa fuera remitida a la Justicia argentina, o la finalmente adoptada de solicitar la opinión del Gobierno de EEUU.

Tanto desde medios oficiales como desde la empresa se especulaba con que la buena relación que mantienen ambos gobiernos a través del vinculo personal de los presidentes Trump y Macri permitiría avizorar una opinión del procurador general en favor del cambio de jurisdicción.

Respecto a la decisión de hoy, el canciller argentino, Jorge Faurie, indicó que Trump "valorará seguramente los intereses de los EEUU y entiende que Macri está haciendo un conjunto de reformas imprescindibles para el dinamismo de la economía y que desea un país del siglo XXI".

"No dudo de que eso estará en la evaluación cuando (Trump) conteste sobre este tema", enfatizó el canciller.

Burford, no era accionista cuando se nacionalizó el 51% de YPF, sino que surgió como demandante al adquirir acciones de la petrolera en manos del grupo argentino Petersen y reclama una indemnización por la estatización. En aquella oportunidad, el Estado argentino mediante aprobación del Congreso dispuso el pago a la empresa española Repsol -por entonces controlante accionaria de YPF- de un resarcimiento de U$S 5.000 millones para compensar la nacionalización parcial de la compañía.

Las razones de soberanía que sostiene la Argentina entienden que ya que no existe ningún tipo de aversión a ese u otro fondo, tal como quedó demostrado a comienzos del 2016, cuando la actual gestión de Gobierno solucionó el conflicto con fondos y tenedores particulares de deuda que permanecía en situación de "default".

Repsol se retira de la Bolsa porteña

La energética Repsol anunció ayer su retirada de la Bolsa argentina aunque los tenedores de acciones podrán mantenerlas, sin necesidad de transferirlas a un depositante extranjero, a través de la sociedad Caja de Valores SA. Durante un año, los accionistas también podrán optar por desprenderse de sus títulos tras la retirada definitiva de la cotización -que se formalizará en los próximos días-, vendiéndolas en el mercado español a través de Caja de Valores y el BBVA Banco Francés.

En los tres primeros meses, Repsol se hará cargo de los gastos de intermediación por la venta de las acciones, y la posibilidad de venta en el mercado español seguirá abierta en los siguientes 9 meses, aunque en este caso los costes deberán ser afrontados por los accionistas en Argentina.

En los años 90, una época de privatizaciones en Argentina, Repsol compró una participación en YPF que fue aumentando hasta convertirse en la accionista mayoritaria. En 2012, el gobierno de CFK expropió el 51% de YPF, lo que motivó que Repsol denunciase al Estado argentino ante tribunales internacionales. La disputa se resolvió en 2014, cuando el gobierno de Fernández de Kirchner reconoció una deuda con Repsol de 5.000 millones de dólares, una compensación que saldó con la entrega de títulos de deuda soberana. Tras recibir la compensación, Repsol vendió los bonos argentinos y las acciones que le quedaban en YPF por 6.308,5 millones de dólares.