Las firmas que han sido adjudicatarias de obras públicas y se hayan visto involucradas en casos de denuncias de corrupción podrán continuar con las obras y participar de nuevas licitaciones, incluidos los programas de Participación Pública y Privada (PPP), si apartan a los directivos o empleados acusados.
Los PPP apuntan al desarrollo de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica. Otra condición que se le impondrá a las empresas que se encuentren en esta condición y que quieran avanzar con los contratos o en nuevas obras será la de cumplir con los códigos de buena conducta, según una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
La normativa, dictada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, implica que esas firmas podrán seguir participando en licitaciones y en el programa de Participación Público Privada (PPP). Pero deberán excluir a los directivos condenados o arrepentidos en causas por corrupción y cumplir con programas de "integridad", con códigos de buena conducta y mecanismos internos de denuncia de irregularidades o ilícitos.
La resolución 27/2018 aprueba los "lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento" de los artículos 22 y 23 de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. "Todas las empresas que quieran participar de la obra pública van a tener que pasar por este tamiz de control", según el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
El funcionario confirmó además que las compañías involucradas en casos de corrupción tendrán que pagar un resarcimiento por los daños al erario público y suscribir "códigos de buena conducta" y "programas de integridad".
Asimismo, anunció que "por pedido" del presidente Mauricio Macri el Gobierno "va a exigir que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas". Saravia Frías aludió así a la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio por presuntos pagos de sobornos que involucran a grandes empresas adjudicatarias de obras públicas.
Al hablar el miércoles en una reunión del Rotary Club, el procurador explicó que mediante organismos públicos de control se hará "un seguimiento para que las empresas cumplan con lineamientos éticos". En esto intervendrán la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Unidad de Información Financiera (UFI), la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, indicó Saravia Frías. Télam