La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentará hoy una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por el delito de sedición y traición a la Patria a raíz del anuncio de desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de la coparticipación.

Para una de las referentes de la oposición, "desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional". Según aseguró en un comunicado, el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, es claro al respecto al sostener que "serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código".

En tanto, los 19 mandatarios provinciales que apoyaron al Jefe de Estado por no acatar el fallo del Máximo Tribunal también pueden ser denunciados. Ellos son el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Gustavo Saénz.

"Tienen que ir todos presos", escribió Bullrich desde su cuenta Twitter, donde dio a conocer la denuncia.

El miércoles pasado, en el marco de las actuaciones iniciadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional a fin que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, sancionada el día 10 de diciembre de 2020, la Corte Suprema resolvió ordenar que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2´ de la ley 23.548. Asimismo dispuso que las transferencias correspondientes a lo dispuesto se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

El viernes pasado, el mandatario argentino ya había sido denunciado por la exdiputada y líder de la Coalición Cívica -otra facción de la oposición-, Elisa Carrió, junto a legisladores de su

bloque acusándolo de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según consta en el texto al que tuvo acceso la agencia EFE.

Después de que el Gobierno Nacional anunciara que no acataría el fallo de la Corte respecto de los recursos coparticipables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Yamil Santoro denunciaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por esa decisión.

García Moritán y Santoro expresaron que Fernández "pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que no justifican los remedios judiciales elegidos".