


Nuestra legislación prevé dos regímenes patrimoniales del matrimonio. El de separación de bienes o el de comunidad, que tradicionalmente ha llamado ganancial.
En el de Separación de bienes: Los futuros cónyuges tienen ahora la posibilidad de optar para que los patrimonios de cada cónyuge y su administración, se mantengan separados durante el vínculo matrimonial. Es el sistema que rige las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí y respecto de terceros.
La separación de bienes, puede pactarse privadamente o antes de contraer matrimonio, mediante la celebración de convenciones matrimoniales que surtirán efecto una vez consumado el mismo. A través de este régimen, los cónyuges mantienen la administración y disposición completas de sus bienes personales. Cada uno de ellos es responsable de las deudas en que incurrió, excepto las contraídas por uno de los cónyuges para pagar las necesidades domésticas comunes, o el mantenimiento y educación de sus hijos.
El CCCN establece que cuando los otorgantes ya han contraído matrimonio y deseen optar por el régimen de separación de bienes, esa opción se otorga únicamente en escritura pública por vía de convención matrimonial y se inscribe marginalmente en el acta de matrimonio (art. 449).
En este régimen de separación, sólo se requiere el asentimiento del otro cónyuge, para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, y de los muebles indispensables de ésta, es decir para venderlos o transportarlos fuera de ella, ello como consecuencia del principio esencial, primario y general de protección de la vivienda familiar que trae el Código.
Puede decirse, en principio que la adopción del régimen de división de bienes equivale para los cónyuges a un “divorcio patrimonial exprés anticipado”, ya que solamente conservan para el futuro el víncu¬lo matrimonial y su recíproco derecho sucesorio. Se forma una nueva masa de bienes conyugales: los personales, que pueden ser administrados y dispuestos libremente por el cónyuge que los adquiera.
En cambio en el tradicional Régimen de comunidad: en caso de no haber optado expresamente por el régimen de separación de bienes al casarse o al año de celebración, se considera que el matrimonio queda sometido al de comunidad de ganancias, en el que se presume salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. (Art. 466 CCC), por ende de ambos cónyuges, aunque estén a nombre de uno sólo de ellos.
El Código Civil y Comercial, al introducir en nuestro derecho la posibilidad de optar por el régimen de separación de bienes, les permite a los cónyuges la posibilidad de realizar todo tipo de CONTRATOS libremente entre ellos, administrar y disponer de los bienes que cada uno adquiera a partir de esa decisión.
En el régimen legal argentino, también se contempla la posibilidad de que los integrantes de una unión convivencial celebren un pacto de convivencia, destinado a regular sus relaciones tanto durante la vigencia de la unión así como también aquellas que se mantengan una vez que esta cese. Es posible regular cuestiones atinentes a lo patrimonial, como así también de otra índole.
El caso del empresario de Puerto Madero, tuvo una gran repercusión en los medios, debido a que las cláusulas que insertó en el acuerdo con su pareja eran totalmente contrarias al orden público, y al respeto que debe reinar en una relación de pareja, lo que le valió una denuncia de violencia familiar de su pareja, y la invalidez del pacto celebrado por su improcedencia legal.
Algunas de las disposiciones abusivas fueron: “Los perros tenían que pasear cuatro veces al día, siendo el turno noche responsabilidad de la mujer, porque él dudaba de alguna vez tener ganas, debía cocinarle siempre que tuviera hambre y tenía terminantemente prohibido colocar el celular boca abajo, mucho menos borrar una charla del celular, otra causal segura de ruptura, la mujer tenía prohibido reunirse con algunas amistades, y también vedada la posibilidad de salir sola, aunque el si podía hacerlo.”
Es evidente, que la posibilidad de celebrar pactos entre cónyuges o convivientes, encuentra sus límites en el orden público, en el principio de igualdad de los convivientes, y en los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la pareja, en tanto así lo dispone el artículo 515.
A su vez, dichos pactos no podrán dejar sin efecto lo dispuesto por los artículos 519 (deber de asistencia recíproca), 520 (contribución en los gastos), 521 (responsabilidad por deudas contraídas por uno de los convivientes para solventar los gastos del hogar o mantenimiento y educación de los hijos) y 522 (protección de la vivienda).
Colaboración: VANESA DEBORA MESTRE/ Abogada (Matrícula San Juan 3278- Matrícula Mendoza 6118 – Federal T. 78- Fe. 316) / Miembro Instituto Derecho de Expresión y Libertad de Prensa – Asociación Argentina de Justicia Constitucional / Teléf. 2644189975 / E-mail:[email protected]