La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ayer la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que está procesada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la exfamilia presidencial.

Las máximas autoridades del organismo antilavado, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presentaron un escrito en el que solicitaron al juez federal Julián Ercolini que el caso pase a la instancia de debate oral y público.

En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia "una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos".

Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, habían solicitado lo mismo en diciembre en el marco de la causa que alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez.

Se trata de la causa iniciada en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

"La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", y otros exfuncionarios y empresarios, habían remarcado los fiscales.

Pollicita y Mahiques señalaron que la estructura estaba integrada, además, por "exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza". Según la acusación fiscal, la asociación ilícita funcionó "ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016" y estuvo "destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".

Los fiscales remarcaron que a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, se constituyó el "mecanismo a través del cual los exmandatarios canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita".

Cristina cuenta con 6 procesamientos en el marco de las causas conocidas como Hotesur, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Obra Pública, Los Sauces y Cuadernos de la Corrupción. Salvo la causa de los Cuadernos, todas las demás causas ya fueron elevadas a juicio oral. El primer debate oral y público que tendrá a la actual senadora en el banquillo de los acusados será el relacionado con la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez: la fecha de inicio es el 26 de febrero.