El martes por la mañana, el periodista Martín Angulo reveló en Infobae la existencia de una lista de 1.111 presos presentada al Ministerio de Justicia por el Servicio Penitenciario Federal con la recomendación de que sean beneficiados por decisión judicial con la libertad condicional o la prisión domiciliaria bajo supervisión con tobillera electrónica. La integraban nombres como Jorge "El Tigre" Acosta, jefe del grupo de tareas de la ESMA y Julio Simón, alias "El Turco Julián". Había otros 94 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, el ex capellán Cristian von Wernich. En paralelo, el ministro Garavano participó el jueves pasado de una reunión con jueces, fiscales y defensores oficiales para que entre 500 y 700 presos dejen los penales del SPF.
 

Los condenados por delitos de lesa humanidad, una población carcelaria que supera en su amplia mayoría los 70 años de edad, no fueron la única categoría de presos con sugerencia de salida en la lista del SPF: las planillas se completaron con 106 personas del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta de diez años de edad.
 

La razón de esta idea es tan paradójica como simple de entender: se trata de descomprimir. Las cárceles en la Argentina tienen más presos que nunca. Desde los últimos cuatro años del kirchnerismo en el poder que el Estado aumentó con singular fuerza su tasa de arrestos y encarcelamientos, pero el lugar para encerrarlos no crece. Hoy, según datos oficiales del SPF, hay 11.900 detenidos en penales federales a lo largo del país, cuando el cupo para alojarlos es de 11.500.
 

Lo cierto es que el Servicio Penitenciario Federal es mirado con envidia desde algunos despachos en La Plata: el Servicio Penitenciario Bonaerense, conducido por Juan Baric, que depende del Ministerio de Justicia a cargo de Gustavo Ferrari y contiene la población carcelaria individual más grande del país, tiene 38.883 detenidos en unidades y alcaldías —1.388 son mujeres— una población que supera la capacidad de alojamiento del SPB en más de 10.500 individuos, otra vez según cifras oficiales. Solo 1.791 personas tienen el beneficio del monitoreo electrónico en prisión domiciliaria. Las comisarías de la Policía Bonaerense a cargo del Ministerio de Seguridad tienen números más preocupantes. Su capacidad colectiva de detención es de 1.008 internos: al 28 de febrero último tenían unos 3.473 en todo el territorio provincial.
 

Los detenidos en comisarías aumentaron un 9% en apenas dos meses: eran 3.188 para el 29 de diciembre de 2017. En rigor, el número es solo un trazo en la curva de detenciones bonaerenses, que se disparó dramáticamente con la gestión de Daniel Scioli y ministros como Casal y Granados.
 

El SPB superó su cupo máximo para alojar en 2013 cuando aumentó su número de internos en unos 414 más, el comienzo de la escalada. De ahí en más todo fue exponencial. El número aumentó a 2.691 presos más en 2014, otros 4.673 en 2015. Los dos años de macrismo trajeron 16 mil presos más, unos 6.010 en 2016 y otros 9.962 en 2017.
 

Lo cierto es que meses atrás, el Servicio Penitenciario Bonaerense barajó hacer lo mismo que su contraparte federal: elevar una lista de presos que podrían acceder a la condicional o a una tobillera electrónica. El impacto que supone darle una mejora de situación a represores y torturadores del terrorismo de Estado no iba a recaer de su lado, ya que el SPB tiene apenas diez presos por delitos de lesa humanidad. La idea duró poco. "Vimos rápidamente que no podía ser", afirma una voz jerárquica dentro del Servicio: "Los condenados de mayor edad, por ejemplo, son abusadores, están por delitos sexuales intrafamiliares. No tendrían a dónde volver. De cara a esto, decidimos no hacerlo".