El Gobierno oficializó ayer el congelamiento de precios por 90 días en la cadena de producción de combustibles, lo que puso en pie de guerra a las provincias petroleras de Neuquén y Río Negro que adelantaron que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la medida. En tanto, algunas empresas petroleras ya planifican reducir sus inversiones.

La norma estableció que las entregas de petróleo crudo deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, por lo que se deberá aplicar un tipo de cambio de 45,19 pesos por dólar y un precio del Brent de US$ 59 el barril.

Pero la medida que busca aliviar el bolsillo de los argentinos por la devaluación, puso en alerta a Neuquén y Río Negro por el "perjuicio" que la medida representará a sus ingreso. En ese sentido, adelantaron ayer que plantearán la inconstitucionalidad de la norma ante la Justicia.

El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, confirmó que el gobernador Omar Gutiérrez instruyó al fiscal de Estado "para que tome medidas judiciales que correspondan en defensa de los recursos de la provincia y en defensa de los derechos que le corresponden".

Fuentes de la gobernación señalaron que el recurso en estudio es el pedido de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia ante la Corte Suprema de Justicia. 

En la misma línea, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la necesidad de establecer medidas de alivio pero entendió que "este costo no debe ser pagado solamente por las provincias ya que con este congelamiento del precio de los combustibles ni Nación ni las empresas hacen ningún aporte".

El Gobierno provincial estimó que en los tres meses que durará la medida "Río Negro sufrirá un impacto negativo de más de $612 millones" por lo que Weretilneck no descartó que la provincia recurrirá a la Justicia Federal para evitar las consecuencias económicas.

Por su parte, el descontento de las petroleras fue reflejado por el CEO de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, quien alertó que "con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción de Vaca Muerta" y aseguró que la decisión oficial tiene un "tiene un impacto brutal" en esa formación.

Remy, virtual vocero de las principales petroleras privadas, sostuvo que si bien "la industria entendía la necesidad de que alguna medida debía ser tomada", con el congelamiento "no se puede seguir perforando a pérdida" y puntualizó que ello puede afectar también a los trabajadores del sector. 

También a raíz de la oficialización de la medida, YPF comunicó los alcances a sus accionistas, tarea a cargo del CEO de la empresa Daniel González, quien estimó que la medida representará un impacto negativo de hasta U$S 120 millones mensuales, por lo que anticipó un recorte en sus planes de gastos de capital de la misma magnitud.s de recursos.

El CEO de la compañía, cuyo 51% accionario está bajo control del Estado argentino, dijo que esa decisión de reducir las inversiones podría ralentizar el crecimiento de la producción y si bien entendió prematuro cuantificarlo adelantó que tendrán un impacto negativo en las reservas de recursos.

El tema fue motivo también del pronunciamiento del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que pidió se suspenda la entrada en vigencia del DNU y reclamó que se convoque a toda la cadena de valor de hidrocarburos para buscar "un adecuado equilibrio".
 

Un paraguas para el abastecimiento

Durante el congelamiento, las refinadoras y los expendedores mayoristas y minoristas deberán cubrir, a los precios establecidos por el decreto, el total de la demanda nacional de combustibles líquidos. Ello, de conformidad con los volúmenes que les sean requeridos, proveyendo de manera habitual y continua a todas y cada una de las zonas que integran el territorio de la Argentina. Las empresas productoras de hidrocarburos deberán cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido por las empresas refinadoras locales, proveyendo de manera habitual y continua a todas las refinerías ubicadas en el territorio.