Una trabajadora cordobesa, sostiene que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré tras recibir una dosis de la vacuna contra el covid en enero de 2022.
Flavia Ochoa, la vecina de Coronel Moldes (Córdoba) que asegura haber sufrido un grave cuadro de Síndrome de Guillain-Barré tras aplicarse la tercera dosis de la vacuna.
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El proceso judicial que enfrenta al laboratorio AstraZeneca y al Estado Nacional suma detalles de alto impacto sobre el caso de Flavia Ochoa, la vecina de Coronel Moldes (Córdoba) que asegura haber sufrido un grave cuadro de Síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia flácida tras aplicarse la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el 4 de enero de 2022.
Según consta en la demanda civil, los síntomas comenzaron pocas horas después de la inoculación en un vacunatorio local con intensos dolores musculares y calambres.
"Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover los brazos, después no podía mover las piernas", recordó la damnificada.
Tras ser derivada de urgencia a un sanatorio privado de Río Cuarto, se le diagnosticó la afección neurológica, debiendo someterse a tratamientos con gammaglobulina, dexametasona y un extenso proceso de neurorehabilitación. En la actualidad, la demandante señala que su vida cambió por completo: "Sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo", expresó.
La presentación formal patrocinada por su defensa no solo exige un resarcimiento económico integral que contempla incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo, sino que además apunta directamente contra el paraguas normativo de la pandemia.
Ochoa y sus letrados cuestionan artículos clave de la Ley 27.573 —la norma que avaló la compra de vacunas y estableció un fondo de reparación específico para casos de daños adversos—, luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas rechazara la vía administrativa previa al considerar que no se lograba certificar fehacientemente el nexo causal.
El andamiaje médico y el porcentaje de incapacidad
Para sostener la demanda ante la Justicia Federal, el expediente se blindó con un riguroso compendio de pruebas documentales que respaldan el impacto del cuadro clínico:
Dictamen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: El informe oficial de la Comisión Médica que fijó una incapacidad laboral del 75,60%, convirtiéndose en el eje cuantitativo del reclamo.
Historias clínicas y evolución hospitalaria: Registros detallados de su paso por terapia y los centros de salud cordobeses.
Estudios de alta complejidad: Resonancias magnéticas, placas y los resultados de la punción lumbar que confirmaron el cuadro neurológico.
Constancias de farmacovigilancia: Los reportes ESAVI (Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización) elevados en su momento ante la ANMAT.
Certificado Único de Discapacidad (CUD) e informes kinesiológicos: Órdenes formales de asistencia permanente, uso de silla de ruedas inicial, andador y terapias de rehabilitación constantes.
Mientras organismos internacionales como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han catalogado al síndrome de Guillain-Barré como una reacción adversa "muy rara" dentro de los prospectos de la vacuna Vaxzevria de AstraZeneca —manteniendo a la par que el balance de beneficios generales sigue siendo favorable—, la causa judicial en el fuero local abre una discusión profunda sobre la responsabilidad civil del Estado y las grandes farmacéuticas frente a los efectos colaterales graves en la población.
