Los bloques opositores buscan emplazar a las comisiones para acelerar el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar y extender la emergencia en discapacidad.
Diputados de la oposición anunciaron la convocatoria a una sesión el miércoles 9 de septiembre
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La oposición logró reunir el número de diputados necesario para garantizar el quórum en la sesión de este miércoles y buscará avanzar con dos temas que generan tensión con el Gobierno de Javier Milei: las iniciativas para atender el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Para abrir la sesión se necesitan 129 diputados y el conteo previo de los bloques opositores alcanzaba al menos 134 presentes. Además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, la estrategia cuenta con legisladores de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y distintos monobloques.
Pero uno de los puntos que más atención genera en la Casa Rosada es el acompañamiento de diputados vinculados a gobernadores que mantienen una relación más cercana con el Gobierno nacional. Entre ellos aparecen representantes de espacios de Catamarca, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Neuquén, Salta y Misiones.
En el caso del endeudamiento familiar, existen cerca de 50 proyectos presentados por distintos bloques. Las propuestas incluyen alternativas como refinanciaciones obligatorias, reducción de intereses punitorios, planes de pago de hasta 36 meses y límites para las tasas aplicadas en las refinanciaciones.
Como todavía no existe un texto unificado, la intención de la oposición en esta sesión es emplazar a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para que avancen con el tratamiento y establezcan un plazo para emitir dictamen.
El cronograma que se analiza contempla reuniones durante las próximas semanas y un plenario previsto para el 29 de septiembre, con el objetivo de contar con un texto que pueda llegar al recinto.
Los bloques dialoguistas, además, sostienen que existe un acuerdo para evitar que las iniciativas impliquen un costo fiscal directo para el Estado, una estrategia que buscaría reducir las posibilidades de que el Gobierno cuestione los proyectos por su impacto en las cuentas públicas.
El segundo eje de la sesión será la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. La oposición pretende que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto avancen con un proyecto para extenderla.
La emergencia vigente contempla, entre otras medidas, una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y un régimen para regularizar deudas de prestadores como hogares, escuelas especiales, centros de día y transportistas.
También estableció una actualización mensual de los aranceles correspondientes a las prestaciones del sistema de atención integral, uno de los principales reclamos del sector debido al congelamiento de los valores.
Mientras la oposición intenta acelerar el tratamiento, el oficialismo trabaja en una alternativa propia para la problemática de discapacidad. Desde La Libertad Avanza habían anticipado que preparaban una iniciativa que consideran superadora y que podría sumar el respaldo de sectores aliados y legisladores cercanos a los gobernadores.
Por ahora, el Gobierno no dio detalles del proyecto y sus equipos técnicos continúan trabajando en la propuesta. Si la oposición consigue los dictámenes durante septiembre, quedaría habilitada para convocar a una nueva sesión especial a mediados de octubre y buscar avanzar con la media sanción de ambas iniciativas.
