La Superintendencia de Servicios de Salud excluyó a nuevas entidades del registro tras detectar falta de actividad, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Ya son más de 180 las bajas.
Prepagas.
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El Gobierno nacional avanzó con una nueva depuración del sistema de salud privado y excluyó a 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). La medida fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) después de distintas auditorías.
Según explicó el organismo, las entidades alcanzadas por la medida no acreditaron actividad efectiva, no contaban con afiliados activos o no presentaron la documentación requerida por la normativa vigente. Con esta nueva tanda, ya son más de 180 las entidades excluidas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Entre las entidades alcanzadas por la decisión figuran:
La información publicada sobre la medida incluye entidades de distinto tipo, entre empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas.
La decisión forma parte de un proceso de auditoría y reordenamiento del sistema de salud que lleva adelante la Superintendencia. El objetivo oficial es que el registro incluya únicamente a organizaciones que desarrollen actividades comprendidas por la legislación, tengan afiliados y puedan demostrar que cumplen con los requisitos para funcionar.
Las auditorías detectaron distintos incumplimientos, entre ellos la falta de actividad real, la ausencia de beneficiarios y la falta de documentación respaldatoria. En esos casos, las entidades fueron intimadas a regularizar su situación y, ante la falta de respuestas satisfactorias, se avanzó con las bajas.
La SSS sostiene que el proceso busca sanear el padrón, evitar la existencia de entidades que figuren formalmente como prestadoras pero que no tengan una actividad efectiva y establecer reglas más claras dentro del sistema de salud privado.
Desde el organismo aclararon que la medida no debería afectar la cobertura de los usuarios, ya que las entidades excluidas no contaban con beneficiarios activos ni brindaban prestaciones efectivas al momento de las inspecciones.
La Superintendencia continuará con las auditorías y no descarta nuevas exclusiones si otras entidades tampoco logran demostrar actividad real o el cumplimiento de las exigencias establecidas.
