El gobierno salteño denunció a una mujer "por la presunta adulteración" de la firma del titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La fiesta de casamiento se desarrolló en la Quebrada de las Conchas, un lugar protegido por Medio Ambiente y se exhibió una autorización supuestamente falsa.
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El gobierno de Salta denunció la utilización de un permiso presuntamente falso para realizar un casamiento en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida en Cafayate y la Justicia ya investiga posibles delitos vinculados a la falsificación del documento y al uso indebido del espacio.
La polémica se desató tras la viralización en redes sociales de imágenes del evento privado celebrado en la Quebrada de las Conchas, un reconocido corredor natural ubicado sobre la ruta nacional 68, en los Valles Calchaquíes. Fue la pareja que se casó, Nicole Pocoví y Federico Maran, quienes compartieron las fotos a través de Instagram. Tras la repercusión, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta intervino y confirmó que el supuesto permiso presentado para realizar el evento “no fue emitido por el organismo competente”.
Según indicaron desde el área, dependiente del Ministerio de Producción y Minería, el documento que circuló como respaldo de la celebración es "apócrifo". En ese marco, el Gobierno provincial radicó una denuncia judicial para “resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia”.
El caso también involucra a Lucía Grajales Soriano, una mujer que, a través de redes sociales, se identificó como propietaria del predio y aseguró que se trataba de un casamiento familiar. Sin embargo, las autoridades apuntaron contra ella "por la presunta adulteración" de la firma del titular del organismo ambiental, Alejandro Andazábal.
"No autoricé nada, ese documento es falso. Actuaremos hasta las últimas consecuencias", expresó Andazábal a medios locales.
El escándalo se originó cuando la Municipalidad de Cafayate denunció que la actividad no habría contado con los permisos correspondientes. "Se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación", señaló en su comunicado el municipio.
En ese marco, el gobierno salteño aclaró este jueves que las actividades en áreas naturales protegidas están amparadas en la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas”. Las normas establecen que “cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”.
Remarcaron que ese tipo de autorizaciones “sólo tienen validez si son emitidas a través de los canales administrativos oficiales y cuentan con respaldo técnico y jurídico” y enfatizaron en que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable "no emite permisos mediante documentos informales ni mediante firmas insertas en imágenes o piezas no oficiales".
La causa quedó en manos de la fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, que investiga “un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido y cuya autenticidad se encuentra en duda”.
Además de la intervención del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la Unidad Fiscal Contravencional también dio directivas en torno a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida”.
“Ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental”, detalla el MPFS.