La ponencia de hoy es virtual. Ayer hubo quejas y mucha polémica porque, según denunció la oposición, se limitó el derecho de participación.
Audiencia pública.
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Con momentos de tensión y bajo la certeza de que, si se aprueba la modificación a la Ley de Glaciares, el tema terminará judicializado, se desarrolló el miércoles la primera audiencia pública convocada por el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, presididas por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz.
Este jueves se desarrolla la segunda audiencia, en formato virtual, a partir de las 10.
Más de 190 participantes expusieron a favor y en contra del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado tras su aprobación en febrero. La mayoría de los oradores rechazó los cambios y anticipó que impulsará presentaciones judiciales si la iniciativa avanza.
Además hubo numerosas críticas por la falta de transparencia con respecto a la lista de oradores (que nunca se pudo conocer).
El oficialismo contó con la presencia de varios legisladores, entre ellos Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni. La hoja de ruta prevé que, tras la segunda audiencia de este jueves, se convoque a un plenario el martes 31 de marzo para firmar dictamen y que el 8 de abril el proyecto llegue al recinto. Si se aprueba sin cambios respecto del texto del Senado, quedará convertido en ley.
La audiencia arrancó con una fuerte controversia. Un grupo de diputados, encabezado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), impugnó la convocatoria ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
La presentación cuestiona la validez del proceso por “graves irregularidades” en la metodología, al considerar que limita la participación ciudadana y vulnera el reglamento de Diputados, la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Ferraro denunció que el esquema restringe la intervención oral, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y excluye a la mayoría de los inscriptos. También advirtió que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso.
La impugnación fue firmada, entre otros, por Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.
Selva afirmó que “se cercenó la participación de manera arbitraria” y que se obligó a miles de inscriptos a reformular sus intervenciones, limitando su derecho a expresarse oralmente.
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y Romina del Pla también cuestionaron el proceso y llamaron a movilizarse contra lo que consideran “un nuevo atropello contra los bienes comunes”.
Desde La Libertad Avanza defendieron el esquema de las audiencias y aseguraron que cuentan con “orden y modalidades” definidas por las comisiones organizadoras.
En ese sentido, indicaron que los inscriptos fueron notificados sobre las distintas formas de participación y remarcaron que todos los diputados pueden acceder a la sala. También justificaron la organización en la necesidad de garantizar la comodidad de expositores y legisladores.