El país pidió al Tribunal del Mar frenar el proyecto Sea Lion y advirtió que la explotación generaría un hecho irreversible. Londres rechazó el planteo y defendió el derecho de los isleños a explotar los recursos.
Argentina pidió frenar Sea Lion ante el Tribunal del Mar y advirtió que la explotación petrolera generaría un hecho irreversible.
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Argentina y Reino Unido protagonizaron este martes un fuerte contrapunto ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas. Buenos Aires pidió medidas urgentes para frenar el proyecto Sea Lion, mientras Londres rechazó la competencia del organismo y defendió su posición sobre los recursos naturales.
La audiencia se desarrolló en Hamburgo y marcó la primera vez que ambos países se enfrentan ante un tribunal internacional por una controversia directamente vinculada con Malvinas. Argentina aclaró que en esta instancia no está pidiendo al Tribunal que defina la soberanía sobre las islas, sino que impida que la explotación de hidrocarburos avance mientras se conforma el tribunal arbitral que analizará la cuestión de fondo.
El centro de la discusión es Sea Lion, un proyecto operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino busca evitar que comiencen las perforaciones previstas para 2027 y sostiene que avanzar sobre recursos no renovables en una zona bajo disputa provocaría un hecho consumado imposible de revertir posteriormente.
Uno de los momentos más contundentes de la exposición argentina llegó cuando el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente argentino en el caso, respondió al argumento británico basado en la autodeterminación de los habitantes de las islas.
“Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, sostuvo Oyarzábal ante los integrantes del Tribunal. Argentina señaló que reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero considera que eso no les otorga el derecho de definir unilateralmente la soberanía ni disponer de los recursos naturales existentes en un territorio cuya titularidad continúa en disputa.
El diplomático recordó además que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, mientras que la Resolución 31/49 instó a ambas partes a evitar decisiones unilaterales que alteren la situación mientras continúe pendiente una solución negociada.
“Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse”, afirmó Oyarzábal al referirse al inicio previsto de las operaciones petroleras.
La urgencia fue otro de los ejes de la presentación. Argentina sostuvo que, si la extracción comienza antes de que exista una resolución sobre el conflicto, los derechos reclamados podrían sufrir un perjuicio permanente debido a que los hidrocarburos son recursos no renovables.
Oyarzábal planteó que si las medidas solicitadas son concedidas, los recursos permanecerán donde están hasta que se determine quién tiene derecho sobre ellos. Si no se adoptan, advirtió, una de las partes podría perder de manera definitiva esos recursos antes de que la controversia sea resuelta.
La delegación argentina pidió específicamente que Reino Unido impida el inicio o continuación de la explotación de Sea Lion, que no otorgue nuevas autorizaciones en la zona, que preserve la información obtenida durante las tareas exploratorias y que adopte medidas destinadas a proteger el medio marino.
Argentina utilizó además el posible impacto ambiental como fundamento de su pedido. Oyarzábal recordó un incidente ocurrido durante una perforación exploratoria en 2015 y señaló que documentación vinculada al proyecto contempló la posibilidad de que un eventual derrame alcanzara aguas argentinas no disputadas.
“En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia”, advirtió durante la audiencia.
El especialista Nico Schrijver, integrante del equipo argentino, también sostuvo que ya existen preparativos concretos vinculados al traslado de plataformas, materiales y equipamiento para avanzar con los pozos de desarrollo y la instalación de infraestructura en el lecho marino. Para la representación argentina, ese cronograma demuestra que el riesgo no es hipotético y justifica una intervención urgente.
La respuesta británica estuvo encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, quien cuestionó la competencia del Tribunal y sostuvo que las medidas reclamadas por Argentina tendrían “consecuencias devastadoras” para la población de las islas.
Reeves defendió el argumento de que los habitantes de Malvinas tienen derecho a explotar sus recursos naturales en función del principio de autodeterminación y aseguró que una suspensión de Sea Lion podría poner en riesgo ingresos económicos por miles de millones de libras y la continuidad misma del proyecto.
También rechazó los cuestionamientos ambientales de Argentina y sostuvo que Buenos Aires ha autorizado cientos de perforaciones en su propia plataforma marítima. Según la representante británica, Argentina podría haber participado además de las consultas relacionadas con la evaluación ambiental del proyecto realizadas en 2024.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar continuará escuchando a ambas partes este miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con el cronograma oficial, Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, hora de Hamburgo, mientras que Reino Unido cerrará la ronda de exposiciones entre las 17.30 y las 19.
El caso figura oficialmente como “Explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico Sudoccidental (Argentina c. Reino Unido), medidas provisionales”. Argentina presentó su pedido el 13 de octubre bajo el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El Tribunal deberá definir ahora si existen condiciones suficientes para ordenar medidas provisionales antes de que el proyecto Sea Lion avance. Hasta entonces, la disputa inmediata estará centrada en una pregunta clave: si Reino Unido puede continuar con la explotación mientras la controversia sobre los recursos y la soberanía permanece abierta.
