La petrolera británica cayó con fuerza en Londres mientras Navitas busca reemplazar a dos proveedores. El proyecto en Malvinas enfrenta además sanciones, una cautelar judicial y una creciente ofensiva de la Argentina.
Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion, mientras que Navitas controla el 65% y está a cargo de la operación.
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Las acciones de Rockhopper Exploration, una de las petroleras que impulsa el proyecto Sea Lion para extraer hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas, llegaron a desplomarse 19,7% este lunes en la Bolsa de Londres, en medio de un escenario cada vez más complejo para el desarrollo que comparte con la israelí Navitas Petroleum.
La caída bursátil coincidió con una nueva señal de alerta operativa: Navitas confirmó que trabaja para reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus compromisos con el proyecto, mientras aumentan las presiones legales, administrativas y diplomáticas impulsadas desde la Argentina contra las compañías que participen de actividades hidrocarburíferas en el área sin autorización nacional.
El golpe de este lunes profundiza una tendencia negativa para Rockhopper. Los papeles ya habían retrocedido alrededor de 8% durante las primeras dos ruedas de octubre y cerca de 18% durante septiembre, mientras que el descenso acumulado durante el último mes ronda el 32%, según los datos relevados por los medios especializados.
El elemento que agregó presión sobre Sea Lion llegó desde las propias empresas involucradas. Rockhopper difundió este lunes una actualización de Navitas en la que reconoció que el operador está tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que no cumplirán con los trabajos previstos.
Las compañías no identificaron públicamente en el comunicado quiénes son esos dos proveedores, pero admitieron que deberán realizar ajustes para mantener el desarrollo en marcha. A pesar de ello, sostuvieron que por el momento no esperan un “efecto adverso material” sobre el proyecto y remarcaron que cuentan con el respaldo de las autoridades isleñas y del Gobierno británico.
Sin embargo, la propia comunicación introduce una advertencia importante: esa previsión podría cambiar si el reemplazo de los contratistas se demora o fracasa, si otros proveedores deciden retirarse o si aumenta la presión regulatoria y geopolítica de la Argentina. Es decir, aunque Navitas y Rockhopper mantienen oficialmente el cronograma, reconocen que la continuidad de la cadena de proveedores se convirtió en uno de los riesgos concretos para Sea Lion.
El escenario se volvió todavía más sensible después de que Halliburton confirmara el 2 de octubre que ni la compañía ni ninguna de sus subsidiarias realizará trabajos vinculados a Sea Lion ni participará de actividades de exploración o producción de hidrocarburos en torno a las Malvinas. La empresa estadounidense explicó que había mantenido contactos con autoridades argentinas por la legislación vigente y las eventuales consecuencias civiles y penales relacionadas con esas operaciones.
El retroceso bursátil de Rockhopper ocurre además después de varias medidas adoptadas durante septiembre por el Gobierno argentino. La Casa Rosada inició primero procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona y posteriormente incorporó otros 15 casos, ampliando a 60 el universo bajo investigación.
A eso se sumó una decisión de la Justicia Federal de Río Grande. El 16 de septiembre, la jueza Mariel Borruto dictó una medida cautelar mediante la cual ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion, en el marco de una acción preventiva vinculada con un eventual daño ambiental y soberano.
La ofensiva continuó a fines de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a avanzar con el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo declarado de impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion.
Argentina sostiene que cualquier explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las Malvinas sin autorización nacional es ilegítima. Las islas permanecen bajo administración británica, mientras que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos correspondientes.
Pese al escenario de tensión, Rockhopper y Navitas aseguran que el desarrollo continúa. Navitas posee el 65% de Sea Lion y actúa como operador, mientras Rockhopper conserva el 35% restante. El yacimiento se encuentra en la cuenca situada al norte de las Islas Malvinas.
Una evaluación independiente de Netherland, Sewell & Associates estimó en aproximadamente 314 millones de barriles las reservas probadas y probables del desarrollo. Las compañías mantienen como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028.
La primera etapa contempla la utilización del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, mientras que una expansión posterior prevé incorporar otra unidad. Según las estimaciones difundidas por las propias empresas, ambas instalaciones podrían elevar la capacidad conjunta hasta aproximadamente 180.000 barriles diarios si todas las etapas previstas llegan a ejecutarse.
Por ahora, Rockhopper y Navitas ratifican que Sea Lion seguirá adelante. Pero la combinación de una caída cercana al 20% en la cotización, contratistas que deben ser reemplazados, sanciones argentinas, una medida cautelar y la amenaza de nuevas acciones legales elevó nuevamente la incertidumbre alrededor de uno de los proyectos petroleros más controvertidos del Atlántico Sur.
