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El gobierno de Javier Milei ya comenzó a definir los proyectos legislativos que buscará impulsar con fuerza en 2026. Sin embargo, la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el tratamiento de los pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos no figuran entre las prioridades inmediatas, aunque se prevé que avancen en el transcurso del año parlamentario.
El oficialismo tiene pendiente cubrir dos cargos en el máximo tribunal, luego de que el Senado rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. A esto se suma un déficit estructural: 146 vacantes de jueces federales, 37 de fiscales y 45 de defensores públicos, lo que representa alrededor del 40% del sistema judicial nacional.
En el Ministerio de Justicia aseguran que los candidatos para cubrir esos cargos ya estarían definidos. No obstante, la decisión política de remitir los pliegos al Senado depende de la conducción de La Libertad Avanza y de la estrategia legislativa que adopte el Ejecutivo. Desde el ámbito judicial insisten en que las designaciones deberían concretarse “lo antes posible” para evitar un mayor resentimiento en el funcionamiento de los tribunales.
En paralelo, las reuniones convocadas por el Gobierno estuvieron centradas en analizar la correlación de fuerzas en el Congreso y en definir los proyectos que se buscarán priorizar a partir de marzo. Entre ellos se destaca una reforma política que apunta a reforzar los controles sobre el financiamiento de los partidos y a eliminar las PASO. También se estudia incorporar a la Boleta Única de Papel un casillero que permita votar lista completa con una sola marca.
Dentro del temario legislativo figuran además las modificaciones a la Ley de Glaciares, el nuevo Código Penal —que aún no fue presentado en su totalidad— y cambios en el sistema tributario. A eso se suma la iniciativa surgida del Pacto de Mayo para establecer un compromiso nacional de estabilidad fiscal y monetaria, junto con la denominada Ley de Libertad Educativa.
Así, la cuestión judicial queda en un segundo plano en la hoja de ruta oficial, aunque sigue siendo un punto inevitable en la agenda política. En ese contexto, el oficialismo observa los movimientos del kirchnerismo, que podría resultar determinante en cualquier negociación futura para cubrir los cargos en el máximo tribunal.