El fuerte rojo financiero en las cuentas de la obra social de los jubilados encendió las alarmas en el sector sanitario, tensionando la cadena de pagos a prestadores y poniendo en riesgo la cobertura médica y la entrega de medicamentos para millones de adultos mayores en todo el país.
Las cuentas de la obra social de los jubilados atraviesan un escenario crítico tras confirmarse una fuerte merma presupuestaria. El PAMI registra un desfinanciamiento estimado en 1,2 billones de pesos, un ajuste que encendió las alarmas en el sector sanitario y profundizó las tensiones políticas en torno a la sostenibilidad de las prestaciones médicas.
El rojo financiero se profundizó principalmente tras la eliminación del Impuesto País. Sin ese tributo, que aportaba recursos directos al sistema, los ingresos proyectados sufrieron una caída drástica: mientras que el flujo estimado se ubicaba en torno a los 2,8 billones de pesos, las compensaciones y giros reales desde el Estado nacional se limitaron a unos 1,6 billones, generando un faltante neto millonario.
Este panorama restrictivo impacta de lleno en la dinámica operativa de la institución, que administra la salud de millones de adultos mayores en todo el país. La merma de recursos tensiona la cadena de pagos a clínicas, sanatorios y farmacias, en un contexto donde las asociaciones de prestadores reclaman actualizaciones urgentes frente a la inflación y los costos médicos.
Mientras desde el Ejecutivo nacional remarcan la prioridad absoluta de sostener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas, referentes del sector y legisladores advierten sobre el riesgo de un colapso operativo que derive en demoras de turnos, restricciones en tratamientos complejos y complicaciones en la entrega de medicamentos esenciales.
