La controversia generada alrededor de la carpa VIP montada durante la misa del papa León XIV en el barrio porteño de Palermo escaló formalmente al ámbito legislativo. El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden precisiones detalladas sobre la lista de invitados al sector exclusivo, el esquema de acreditaciones y los costos globales del operativo.
El reclamo parlamentario se originó a partir de la viralización de imágenes que mostraron un espacio preferencial ubicado en la zona del Monumento a los Españoles, provisto de servicio de catering y la presencia de personalidades del espectáculo como Carolina “Pampita” Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín y Valeria Mazza. Según trascendió, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso de 250 ubicaciones para funcionarios, familiares y allegados, mientras que las acreditaciones restantes quedaron bajo la órbita de Nación y la Iglesia.
Fuertes críticas y dudas por el reparto de accesos
Paulón apuntó severamente contra el despliegue del sector preferencial al señalar que se montó "un sector VIP con catering para famosos" mientras que periodistas acreditados quedaron sin acceso al predio. Tras formalizar la presentación, el legislador remarcó que las autoridades "no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje".
Asimismo, el proyecto busca aclarar cuáles fueron los parámetros formales para la asignación de ingresos y quién dio el visto bueno final. El texto incluye un apartado sobre la situación de altas autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellas la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien manifestó públicamente que no recibió el código QR de acceso correspondiente para ingresar al evento.
Bajo la lupa: contratos por $8.690 millones sin licitación
Uno de los ejes centrales de la presentación legislativa apunta al monto y la modalidad de las contrataciones del Estado. El texto hace foco en el proceso 79-0012-CD126, correspondiente a la organización integral de la misa y la vigilia, adjudicado a la firma DF Entertainment por un total de $8.690 millones.
La bancada opositora cuestionó que el trámite se resolviera bajo la figura de urgencia pese a que la visita apostólica del Sumo Pontífice estaba ratificada con varios meses de anticipación. En esa línea, el proyecto insta a investigar un posible conflicto de intereses, al advertir que la empresa adjudicataria forma parte del grupo operador del estadio Luna Park, recinto vinculado históricamente al Arzobispado de Buenos Aires.
Además del contrato principal, la iniciativa reclama auditorías sobre los expedientes 79-0010-CD126, 79-0011-CD126, 79-0013-CDI26, 79-0015-CD126 y 79-0016-CD126, exigiendo la nómina de oferentes, montos exactos y las justificaciones técnicas para eludir el régimen licitatorio competitivo.
Piden transparentar el origen de los fondos
El proyecto de resolución insta al Ejecutivo a certificar el origen de cada erogación realizada para los servicios de carpas, infraestructura, sanitarios, seguridad privada, mobiliario y catering. Las autoridades deberán detallar qué proporción de los gastos fue asumida por el Tesoro Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la Iglesia o eventuales patrocinadores privados.
En caso de comprobarse el uso de fondos privados, la solicitud exige identificar a los aportantes, los canales de financiamiento aplicados y verificar la compatibilidad de las operaciones con la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y el Decreto 1179/2016. De avanzar el trámite en comisiones, los funcionarios citados deberán entregar documentación respaldatoria ante la Cámara baja.
