La jefa del bloque libertario cedió en el último momento para sumar los votos necesarios. Los fondos para las provincias y el rol de los psicólogos fueron los principales focos de conflicto.
Senado de la Nación Argentina.
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El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental y le dio media sanción durante la madrugada de este viernes, con 42 votos a favor y 21 en contra. Para lograrlo, Patricia Bullrich debió negociar con los bloques aliados y aceptar modificaciones al proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El debate, que se extendió hasta la madrugada, giró en torno a el financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones.
El oficialismo llegó a la sesión con diferencias aún sin resolver. Aunque La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaban su voto a que se incorporaran garantías presupuestarias y cambios en la integración de los equipos profesionales.
El texto ya había sido modificado en comisiones, pero Bullrich debió aceptar nuevos ajustes para asegurar su aprobación y su giro a Diputados. La negociación dejó en evidencia una dificultad del Gobierno: cambiar las reglas de atención sin trasladar mayores costos a las provincias.
Fondos para las provincias: la principal concesión
El financiamiento fue uno de los puntos más espinosos. Los senadores provinciales exigían obligaciones concretas para el Estado nacional, ante el temor de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales terminaran a cargo de los gobiernos locales.
Bullrich aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción habilita convenios bilaterales para definir los aportes que permitan implementar los cambios.
Los recursos se coordinarán en el Consejo Federal de Salud (COFESA) y se destinarán, entre otras cosas, a fortalecer el personal, los dispositivos comunitarios y la telemedicina.
El tema ya había generado fricciones en comisiones: varios legisladores firmaron el dictamen de mayoría con disidencias por considerar insuficientes las garantías de financiamiento. Además, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría.
La senadora jujeña Carolina Moisés advirtió que no se puede ampliar las internaciones sin asegurar antes la infraestructura y los profesionales necesarios. Planteó que, si bien hay coincidencia en la necesidad de la internación obligatoria, sigue abierta la pregunta de dónde se internará a los pacientes y quiénes los atenderán sin un financiamiento adecuado.
Para responder a esos planteos, el oficialismo aceptó una redacción más precisa sobre las obligaciones de la Nación y la posibilidad de acordar aportes con cada jurisdicción. Aun así, el cumplimiento efectivo dependerá de los convenios y de los recursos presupuestarios disponibles, un punto que seguirá en discusión en Diputados.
Psicólogos: el cambio que se votó en el recinto
La segunda gran concesión tuvo que ver con la composición de los equipos que evalúan internaciones y altas.
El proyecto original del Ejecutivo daba un rol central a los psiquiatras, lo que despertó críticas de las facultades de Psicología y de representantes provinciales, que reclamaban preservar los equipos interdisciplinarios.
Ante la presión, el oficialismo modificó los requisitos. El texto consensuado establece que la evaluación deberá incluir un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un psicólogo. También se reconoció la participación de los psicólogos en las decisiones sobre el alta. El punto había sido discutido entre la Nación y las provincias en el COFESA, donde se pedía equiparar ambas profesiones.
Al cierre del debate, Bullrich rechazó enfrentar a psicólogos con psiquiatras: dijo que se trata de dos miradas distintas, pero ambas necesarias para abordar los trastornos de las personas.
Qué cambia con la reforma
El senador libertario Pablo Cervi defendió la iniciativa y sostuvo que busca saldar una deuda histórica con las personas con padecimientos de salud mental y sus familias, al permitir intervenir a tiempo y evitar situaciones de riesgo.
Lo que viene
La votación fue favorable al Gobierno, pero mostró el peso de los bloques dialoguistas en la definición del texto. Bullrich consiguió los votos, aunque tuvo que ceder en dos puntos sensibles: las obligaciones financieras de la Nación y el lugar de los psicólogos en las decisiones clínicas.
Ahora el proyecto pasa a Diputados, donde el oficialismo deberá construir una nueva mayoría para convertirlo en ley.
