Londres convocó a Mariana Plaza y cuestionó la ofensiva argentina contra el proyecto Sea Lion. El Gobierno respondió que, si Reino Unido está convencido de su posición, “no tiene nada que temer”.
Mariana Plaza, embajadora argentina en Londres, fue convocada por el Gobierno británico en medio de la disputa por la explotación petrolera en Malvinas.
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La disputa entre Argentina y Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo diplomático. El Gobierno británico convocó formalmente a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para comunicarle su rechazo al arbitraje internacional iniciado por Buenos Aires con el objetivo de frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La protesta británica fue transmitida a la diplomática antes de hacerse pública. Londres sostuvo que la estrategia argentina busca obstaculizar lo que considera una actividad económica legítima y advirtió que el conflicto abre interrogantes sobre la “fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. La posición fue expresada por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
La reacción llega después de que el presidente Javier Milei instruyera a Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Argentina busca impedir el avance de Sea Lion y sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos en la zona vulnera sus derechos soberanos.
Kumaran afirmó que las actividades hidrocarburíferas en las islas están reguladas por la legislación británica aplicable al archipiélago y sostuvo que se realizan, según la posición del Reino Unido, en conformidad con el derecho internacional. También reiteró la postura británica de apoyar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
La funcionaria calificó el arbitraje impulsado por Argentina como un intento de afectar los derechos y la prosperidad económica de los isleños y sostuvo que Londres continuará respaldando al gobierno de las islas y a las empresas que operan allí. Esa interpretación es rechazada por Argentina, que señala que existe una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas y cita, entre otras, las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General.
El cruce marca una nueva escalada después de varias semanas de notas diplomáticas, advertencias a compañías y sanciones vinculadas con actividades comerciales y petroleras en el Atlántico Sur.
Después de conocerse la protesta británica, fuentes de la Cancillería argentina rechazaron el planteo de Londres y remarcaron que el Gobierno continuará con el procedimiento internacional.
“Si está convencido no tiene nada que temer”, fue la respuesta transmitida desde la Cancillería ante los cuestionamientos británicos sobre el arbitraje. Buenos Aires sostiene que el mecanismo elegido es una herramienta prevista dentro del derecho internacional y que será allí donde deberá discutirse la legalidad de las actividades vinculadas con Sea Lion.
La Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o continuidad de las actividades petroleras. Si ese requerimiento no es atendido, el Gobierno anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El foco del conflicto es Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Argentina considera que las licencias vinculadas al proyecto fueron otorgadas sin autorización del Estado nacional y profundizó durante septiembre las acciones administrativas, legales y diplomáticas contra compañías e inversores relacionados con esas operaciones.
La tensión aumentó todavía más después de que Rockhopper ratificara que mantiene su intención de comenzar a producir petróleo en 2028, pese a las sanciones y medidas anunciadas por Argentina. La petrolera aseguró que el cronograma no fue alterado por la ofensiva argentina y que continúa trabajando junto a Navitas para avanzar con el proyecto.
Cancillería informó previamente que había enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas radicadas en 30 países y puesto en marcha unos 60 procedimientos administrativos relacionados con actividades hidrocarburíferas vinculadas a las islas.
El Gobierno argentino sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales durante una disputa de soberanía contradice las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Reino Unido, en cambio, sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a administrar sus propios recursos.
Con el arbitraje ya iniciado y el plazo de dos semanas planteado por Buenos Aires, el próximo movimiento quedará condicionado por la respuesta británica y por el eventual pedido argentino de medidas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
