Por Rodrigo D. Metola San Nicolás - Abogado
Por Rodrigo D. Metola San Nicolás - Abogado
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas (y de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur) constituye, sin duda alguna, uno de los temas más recurrentes y sensibles del sentir nacional y de la política exterior argentina. Mucho sabemos de lo que sucedió en el conflicto armado de 1982, sus antecedentes y la situación política actual, pero hay algo que resulta relevante a la hora de hablar de este tipo de controversias: los fundamentos legales de los países intervinientes. En el presente texto se hará exposición, de forma breve, de lo que cada país manifiesta y en qué basan su reclamo internacional respecto a la soberanía de las islas, adelantándole al lector mi posición en favor de la postura argentina, ello como ciudadano y también como intérprete del derecho internacional.
En primera instancia, en un análisis global encontramos dos construcciones normativas contrapuestas: la de Argentina, basada en la continuidad histórica y el principio de integridad territorial, y la del Reino Unido, sustentada en la ocupación de 1833 y el derecho de autodeterminación de los habitantes actuales.
Argentina: el fundamento principal es la sucesión de Estados (el llamado "Principio uti possidetis juris"). Tras la independencia en 1816, las Provincias Unidas heredaron los derechos y posesiones que el Reino de España tenía en ese entonces sobre los territorios que integraban el Virreinato del Río de la Plata, entre ellos las islas. Este principio de continuidad se complementa con actos concretos de soberanía que ejerció el gobierno patrio de ese entonces, tales como la designación de autoridades (como Luis Vernet, primer gobernador de las islas en el año 1829), la concesión de derechos de explotación y el establecimiento de población argentina en las islas entre 1820 y 1833.
La expulsión violenta de las autoridades argentinas y de la población por parte de fuerzas británicas en enero de 1833 es considerada como un acto de usurpación, frente al cual Argentina mantuvo una protesta diplomática constante desde ese entonces, sin reconocer jamás la legitimidad de la ocupación británica. Esto último es muy importante, porque de este modo se evita una posible consolidación de los derechos por falta de reclamo (lo que en derecho conocemos como "Doctrina de la aquiescencia").
A ello se suma la evidencia geológica: la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU reconoció en 2016 que las islas forman parte de la prolongación natural de la plataforma continental argentina, reforzando así la conexión territorial.
Reino Unido: por su parte, fundamenta su posición en la ocupación de 1833 y en la administración continua desde ese entonces. Argumenta que su presencia previa en el siglo XVIII legitima la "recuperación" del territorio y que, durante casi dos siglos, ha ejercido un control efectivo sobre las mismas, desarrollando instituciones políticas y económicas. El núcleo de su defensa jurídica es el "principio de autodeterminación de los pueblos": sostiene que los habitantes actuales de las islas – los kelpers –, quienes son mayoritariamente de origen británico, tienen derecho a decidir su estatus político. El referéndum de 2013, en el que más del 99% votó por mantener la condición de territorio británico de ultramar, es presentado como prueba de esa voluntad. Desde Londres sostienen que la descolonización se cumple respetando la libre determinación de los isleños, independientemente de los reclamos argentinos.
Ahora bien, habiendo conocido los fundamentos de ambos bandos, es necesario mencionar que la ONU considera a las Malvinas un "territorio no autónomo pendiente de descolonización" y ha instado reiteradamente a ambos Estados a negociar. Sin embargo, el Reino Unido rechaza cualquier discusión sobre soberanía, alegando que la cuestión está resuelta por la voluntad de los habitantes. Argentina, en cambio, insiste en que la ocupación de 1833 constituye un caso de colonialismo clásico, incompatible con los principios modernos del derecho internacional. Sostiene además que la cuestión Malvinas no es un caso de autodeterminación, dado que la población actual fue implantada por el Reino Unido tras desalojar a los habitantes argentinos originarios.
En la actualidad, la ONU sigue instando a que ambos países se sienten a negociar sobre la causa Malvinas, manteniendo abierta la disputa en el plano internacional y sin considerar cerrada la cuestión por la sola voluntad de los isleños (como afirma el Reino Unido). Sin embargo, y como de costumbre, su rol ha sido limitado: nunca asumió una participación activa para encauzar las negociaciones. Por eso, resulta imprescindible sostener el reclamo argentino, de manera pacífica y constante, reafirmando que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas.