“Te pido por favor en estos malos días, algo de paz”, pedía un joven Raúl Porchetto en una de sus canciones más simbólicas de los años de plomo en la Argentina.

Ese mismo grito puede ser nuestro ahora. Podemos cantarlo a nuestros representantes, a nuestro gobierno, a nuestros dirigentes sindicales y a toda aquella persona que desde su ámbito de actuación pudiera contribuir a que terminemos el año con un poco de tranquilidad.

Si no nos pueden ayudar en eso, que por lo menos nos abandonen con nuestros propios problemas, que ya tenemos bastantes, que no agreguen dificultades, que no echen leña a un fuego que ya está de por sí bastante encendido.

Este ruego no es una exageración sino una plegaria que espera ser un llamado a la cordura en momentos en que el parlamento y el gobierno se enfrascan en una discusión impositiva por ganancias cuando, justamente, es lo que parece faltar en un país con 32% de pobres. 

Ganancias! ¿No parece un chiste y una falta de conocimiento de la realidad que la discusión se de por todo lo contrario de lo que está pasando? En lugar de pobreza y desempleo, ganancias! Es muy loco, como diría un colega de la TV.

El gobierno alega que mejorar la situación de los que ya están bien fue una promesa de campaña y del otro lado la oposición, que históricamente se atribuyó defender a los más humildes, parece no darse cuenta de que esa clase ya no está en los trabajadores industriales explotados en los ’40 del siglo pasado sino en los que no tienen trabajo ni capacitación para conseguirlo en este siglo.

También parece una broma que, de cumplirse los parámetros del proyecto con media sanción de diputados se daría el absurdo de que, otra vez, las provincias pobres giraríamos recursos a las más ricas.

¿Cómo? Sencillo, se intenta que para equilibrar la mengua de la recaudación se restablezcan impuestos a las exportaciones de materias primas sin valor agregado que parten de las provincias cordilleranas, que son las que tienen menos recursos.

Felizmente nuestro gobernador, uno de los negociadores principales para que todo volviera a ser una discusión más racional, se ha atrevido a asegurar que lo de las retenciones no será una ofrenda que entregaremos una vez más los menos favorecidos.

Esperemos que tenga razón y que, de ser necesario, nuestros legisladores nacionales recuperen el recuerdo del barrio que muchos pierden, algunos transitoria y otros definitivamente, cuando se sientan en una banca en el Congreso nacional. 

Y no es que la reducción del impuesto a las ganancias carezca de argumentos. Es cierto que la falta de actualización de escalas con muchos años de alta inflación ha hecho que pague mucha gente que no debería pagar. Lo que pasa es que no es una cuestión prioritaria en un contexto de inestabilidad económica en que los industriales acaban de publicar que ya están teniendo una capacidad ociosa del 35%.

Es decir, es menos la gente que paga ganancias que la gente que está sin trabajo, menos también que la gente que no llega a la cifra del mínimo y mucho menos también que la gente que no alcanza el mínimo para vivir aun estando ocupados.

Estamos asistiendo a una obra teatral con libreto perverso: una discusión estadísticamente banal en que los afectados-beneficiados son porcentualmente irrelevantes en el conjunto, es la que pareció llevar al borde del precipicio la débil estabilidad política entre un gobierno que ganó por poco y que no tiene mayorías parlamentarias.

Desde la oposición se acusa como un error táctico del gobierno haber llevado al recinto en sesiones extraordinarias un proyecto polémico cuya votación era incierta.

Entonces, como si se tratara de una travesura más, apuraron un esquema de alianzas y un escrito bochornoso hecho tan a las apuradas que ellos mismos debieron pedir luego correcciones por haber errado en las cuentas.

Cosas insólitas como reformar pautas que el mismo parlamento aprobó en este mismo período o pretender que son ganancias los intereses cobrados en depósitos a plazo que siguen estando por debajo de la inflación.

Otro sinsentido evidente es que se esté discutiendo sobre recursos y gastos (para el caso de San Juan Hacienda ha calculado que perdería recursos por 1.500 millones de pesos) cuando ya se han aprobado los presupuestos nacional y provinciales.