Frente al aumento de los delitos violentos, cabe preguntarnos sí, ¿puede el Estado resignarse y dejar de hacer prevención para reducir la inseguridad? Evidentemente, no. La resignación es éticamente inadmisible y constituye una tergiversación de la razón de ser del Estado. La misma pregunta cabría hacernos frente al aumento del consumo de drogas en la Argentina. Y en ese sentido plantearnos sí promover el consumo responsable de drogas para limitar sus daños, ¿no constituye una forma de resignación del Estado?
¿Resignación o inoperancia?
Planteo la cuestión del consumo de drogas como un tema de salud. Ingerir sustancias psicoactivas no es inocuo para el organismo humano. En ese sentido sostengo que la resignación del Estado, como actitud pasiva de aceptación ante una problemática tan compleja, es éticamente reprochable. El Estado es gestor y garante del bien común como nos recuerda Juan Pablo II: "El Estado, al servicio de los ciudadanos, es gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común" (Mensaje del 1/1/98). La resignación resta fuerzas para la lucha y deja en evidencia la propia inoperancia. Pero hay algo éticamente más grave aún. El Estado no puede desentenderse de los sectores más débiles de la sociedad. La persona adicta no es un delincuente. Es una persona que paga caro, no la droga que consume, sino las cadenas de una esclavitud que consumen su voluntad y su proyecto de vida.
Un Estado abandónico
Razones de subsidiaridad demandan del estado políticas integrales activas para luchar contra el flagelo de la drogadicción. Precisamente, la subsidiaridad evita que el estado asuma posturas extremas. Ni paternalismos asfixiantes ni gobiernos abandónicos. Conforme a este principio, el Estado como sociedad de orden superior, debe tener una actitud de ayuda (subsidium) respecto a las menores (cuerpos sociales intermedios, familias) No se trata de suplir la capacidad de actuación de las instancias sociales inferiores, sino de actuar en subsidio cuando éstas no puedan hacerlo solas. Un gobierno que se resigna frente al aumento de una de las más apremiantes esclavitudes de la modernidad, la drogadicción, desoye las exigencias del bien común. Desatiende las necesidades del adicto, de sus familias y de la sociedad. Se convierte en un gobierno abandónico. La intervención del Estado frente al complejo problema de la droga, dentro de los parámetros de la subsidiaridad, no sólo no es condenable, sino que es necesaria.
Cuando el Estado abdica
Cuando la autoridad política promueve "el consumo responsable de drogas", aduciendo que el consumo existe, en el fondo está confesando su propia ineficacia. Las políticas públicas no pueden reducirse a una fotografía de la realidad, ni los funcionarios convertirse en relatores de aquella. Claro que la drogadicción existe y es cada vez más alarmante el consumo en todas las franjas etarias, especialmente en los más jóvenes. Pero la respuesta del Estado no puede reducirse a promover el consumo responsable de drogas. La droga mata, rompe vínculos familiares, afecta a la sociedad, pero fundamentalmente licúa el proyecto de vida de nuestros jóvenes. Las adicciones son síntoma de una sociedad enferma, que ha vaciado de sentido la vida que les toca vivir. Es allí donde deben estar dirigidos los esfuerzos de la sociedad y de un Estado presente, preocupado por el bienestar, la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos. En ese sentido, el folleto recientemente repartido por la intendencia de Morón, provincia de Buenos Aires, es claro ejemplo de un Estado abandónico. Consejos como "Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo", "comprá la droga en lugares seguros", lejos de prevenir y luchar contra las adicciones, es una verdadera guía para el consumo. Campañas como éstas ponen de manifiesto la resignación e inoperancia del Estado frente a tamaño flagelo. Las cosas por su nombre.
Por Miryan Andújar
Abogada, docente e investigadora
Instituto de Bioética de la UCCuyo