La inscripción de 40 postulantes para el cargo de ministro de la Corte de Justicia de San Juan descalifica al sistema y diluye la responsabilidad del jurado que selecciona la terna y mucho más la de la Cámara de Diputados.

Esa enorme cantidad de candidatos, muchos hombres, pocas mujeres, se asemeja a una toma de exámenes de fin de año de un curso universitario. Y no se trata de eso. Ser abogado es algo muy distinto de ser juez.

Algo también muy distinto es ser fiscal. Una cosa es ser jugador y otra muy distinta ser árbitro. Para cada rol se necesitan vocaciones diferentes, personalidades diferentes, estar dispuesto a llevar una vida diferente.

Ser juez no puede ser una salida laboral de los abogados. Por eso es bueno que la Católica haya iniciado una Diplomatura en Gestión Judicial para que los interesados vayan sabiendo a qué se deberán enfrentar y ajusten sus elecciones de futuro. Tampoco es igual ser juez de primera instancia que ser camarista.

Usar el criterio propio en la parte inicial de un litigio no es lo mismo que formar parte de un tribunal (tres miembros) y redactar un voto que, bien hecho, puede sentar jurisprudencia, ser referencia para casos similares.

Ser buen cirujano o clínico no califica para Director de un Hospital. A esos cargos no se asciende por antigüedad ni tampoco puede ser mérito exclusivo el examen académico de oposición.

Ser juez de la Corte, que es el máximo tribunal de apelación que tenemos los ciudadanos, no debiera ser considerado como un peldaño más en la carrera judicial. Es un cargo de categoría política para el que hay que tener, además de los conocimientos que se dan por sentados, múltiples virtudes que, en realidad, pocas personas logran reunir.

La mayoría de los magistrados actuales no han logrado ingresar completamente al mundo de la informática y son ajenos al de las herramientas de comunicación.

La gestión digital no es el futuro sino el presente y ni siquiera sabemos qué nos deparará el futuro en este aspecto. Hay excepciones, pero muchos de los candidatos/as muestran esta carencia simplemente por cuestiones generacionales.

Pero, volvamos al tema principal. Cuando los constituyentes de 1986 incorporaron el Consejo de la Magistratura como forma de democratizar la selección de los jueces lo hicieron pensando en restringir la por entonces exclusiva potestad del Ejecutivo en los nombramientos.

La Constituyente del ’86 enfrentaba a una Cámara de Diputados con 26 representantes del bloquismo de Leopoldo Bravo sobre un total de 30. Era impensable suponer alguna discusión ante la decisión del Jefe. El legislativo no era un contrapeso sino una confirmación del poder. 

La incorporación del Foro de Abogados y del Poder Judicial suponía dejar al Ejecutivo en minoría con los votos del Ministro de Gobierno y el representante de Diputados frente a los tres que sumarían el Foro (dos) y el Poder Judicial.

Nunca pensaron que el titular del Poder Judicial se sumaría automáticamente al Poder Ejecutivo. La verdad, era raro pensarlo, pero ocurrió.

De ahí a la situación actual en que el Ejecutivo está en el mejor de los mundos porque designa a quien quiere y no se hace responsable del resultado, la responsabilidad queda diluida en dos colectivos, el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Diputados.

“¿Por qué no te presentaste?”, pregunté a una juez que teóricamente tendría posibilidades. “Si las tuviera, me habrían mandado algún mensaje”, respondió con elogiable carácter práctico.

Mi interlocutora tiene claro que quien designa no está entre los organismos de selección y que estos sirven solamente de pantalla de legitimación. Esa cantidad de 40 inscriptos mejora la libertad del Ejecutivo para poner el dedo. Lo mejor de todo, un dedo invisible.

Nadie podrá decir que no fue considerado. Se oculta un elefante en una manada de elefantes sin ánimo de ofensa en la metáfora. Es mucho mejor el sistema nacional.

El Ejecutivo se juega y propone un nombre, si el Senado no aprueba, propondrá a otro, pero no se admite un festival de candidaturas como si se tratara de un casting laboral.

Para las recientes dos vacantes en la Suprema Corte de la Nación hubo tres candidatos, uno fue rechazado y dos fueron aceptados. No 40 postulantes muchos de ellos carentes de autocrítica. ¡40 postulantes! una feria de sobrevaloraciones personales y un certificado del fracaso del sistema.