La salud pública suele ser un territorio donde las decisiones administrativas tienen consecuencias inmediatas y, muchas veces, irreversibles. El desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) es una muestra dolorosa de ello. No se trata de una discusión abstracta ni de un debate ideológico. Están en juego más de 4.000 bebés que nacen cada año con malformaciones cardíacas, de los cuales la mitad necesita cirugía urgente para sobrevivir.
Desde hace cuatro días, el sistema que regula y coordina las cirugías pediátricas en todo el país no funciona como corresponde. La plataforma digital sigue activa, las alertas de pacientes graves continúan llegando desde las provincias, pero del otro lado no hay nadie capacitado para responder. La razón es tan concreta como alarmante: el Gobierno nacional decidió despedir a la totalidad del equipo médico especializado que coordinaba el PNCC. Sin médicos, el programa quedó reducido a una cáscara vacía.
Pese a ello, desde el Ministerio de Salud se insiste en que “no hay desmantelamiento”. La realidad, sin embargo, contradice el discurso. En medicina intensiva, cuatro días sin coordinación no son un detalle administrativo, pueden ser letales. No sorprende que la Asociación Argentina de Salud Pública haya advertido que la medida implica un riesgo de vida directo y que referentes del sector la hayan calificado como “un retraso sanitario gigantesco”.
Lo más inquietante es que no se trata de un recorte sobre cargos políticos, sino de la desarticulación de un equipo técnico altamente especializado, formado durante más de 15 años y con sueldos que no superaban el millón de pesos. Un ahorro fiscal marginal que destruye una inversión estatal enorme y una estructura modelo con impacto federal inmediato.
Hasta la semana pasada, si un bebé nacía con una cardiopatía en un pueblo del interior, este equipo evaluaba en tiempo real la complejidad del caso y definía el mejor destino, ya sea su provincia, un centro regional o el Hospital Garrahan en Buenos Aires. Esa lógica de red, basada en complejidad creciente, permitió llevar la lista de espera quirúrgica a cero y alcanzar una sobrevida del 95%, cifras comparables con las del primer mundo.
Además, el PNCC no solo operaba. Capacitaba profesionales, equipaba centros provinciales y realizaba diagnósticos prenatales. Todo ello bajo el amparo de la Ley 27.713, vigente desde 2023, que le otorga rango legal al programa. Pasar por encima de esa normativa resulta tan grave como incomprensible para la comunidad médica.
Sin esta estructura, el riesgo es claro: las provincias derivarán todos los casos al Garrahan, se saturarán los servicios y las patologías más complejas se demorarán. Y es allí donde empiezan a producirse muertes evitables.
El objetivo del PNCC era simple y profundamente justo. Nacieras donde nacieras, tenías una oportunidad. Destruir algo que funcionaba no es eficiencia ni modernización. Es ceguera administrativa. Y cuando esa ceguera afecta al corazón de los más vulnerables, el costo es demasiado alto para cualquier ajuste.