Por Fernando Ortiz
DIARIO DE CUYO
El fiscal General, Guillermo Baigorrí, tuvo dos acciones inmediatas ni bien quedó como jefe del Ministerio Público: descabezó a la cúpula que sirvió a su antecesor -Eduardo Quattropani- y desactivó la metodología de comunicación pública que usaba. Terminó con el grupo de WhatsApp con decenas de mensajes diarios -con los datos de los procedimientos- que estaba administrado casi exclusivamente por Jimmy, aunque en ocasiones particulares también asumieron la responsabilidad el exsecretario Relator -ahora en la Corte de Justicia- Fernando Rahmé Quattropani -su sobrino- y después el interino Daniel Galvani.
La última vez que el grupo denominado “Periodistas” tuvo un parte de Flagrancia fue el 12 de noviembre. Galvani envió el mensaje al grupo que tiene 165 miembros, entre funcionarios judiciales y periodistas de mayor o menor importancia en la opinión pública. El procedimiento estaba estructurado de la misma manera que lo hacía Quattropani. Es decir, con el tipo de hecho, la Unidad de Investigación Fiscal que intervino, la fecha y hora, la dependencia policial que actuó y algunas fotografías. Podía ser tedioso y compulsivo, pero era un sistema que funcionaba. Baigorrí decidió, al menos por ahora, no utilizar el mecanismo de distribución de información.
El día que la Cámara de Diputados de San Juan hizo la designación oficial, Baigorrí tuvo la deferencia de conceder una extensa entrevista a DIARIO DE CUYO. Adelantó los cambios de funcionarios y dijo que tendría un equipo con gente de confianza. También anunció un plan de comunicación pública. Lo primero ya lo ejecutó; lo segundo todavía es un elemento pendiente. Desde que asumió formalmente, el 19 de noviembre, la era Baigorrí aún no tuvo un parte oficial con los datos de un procedimiento cualquiera.
“La comunicación tiene dos partes. Una es el día a día: contar las noticias y las tareas que desarrolló la fiscalía. Hoy todos los fiscales pasan un parte y eso llega a la prensa. Creo que ahí se podría aplicar un filtro, un criterio más propio de profesionales de la comunicación para transmitir la información procesada. No es necesario contar todo, sino los casos más relevantes, y reservar datos cuando corresponde a la investigación, a la identidad, a la presunción de inocencia o a las necesidades comunicacionales”, especificó el fiscal General a este diario. ¿Aplicar un filtro? ¿No es necesario contar todo? Son preguntas que surgen de las declaraciones del hombre que maneja los hilos del sistema acusatorio adversarial. Son preguntas que no necesariamente indican un señalamiento negativo como quisieron hacerlo ver algunos periodistas del ámbito del streaming. Pero sí son consultas lícitas sobre el manejo de la información sensible del Ministerio Público.
En la misma entrevista, Baigorrí aseguró: “Esto es una propuesta que tendré que procesar. Pero vamos hacia una oficina de prensa que haga ese trabajo. Independientemente de que, si la prensa necesita información de un caso puntual, se la procesará y se dará. Si hay 100 casos en el día, no es necesario contar los 100+. De momento, no existe tal oficina de prensa. Quizá la haya en los próximos días o semanas. Quizá este disclaimer quede obsoleto cuando eso suceda. Pero, por ahora, el tema de la comunicación debería ser inquietante para el fiscal General hasta solucionarlo.
Otro tema importante es el sucesor o la sucesora de la defensora General, Mónica Sefair. En noviembre del año pasado, la jefa de los defensores oficiales renunció para plegarse al beneficio de la jubilación. Inició los trámites en la ANSES. Pero todo quedó en nada. Al igual que en otras áreas del Ministerio Público, hubo un natural stand by con el fallecimiento de Jimmy Quattropani. El difunto fiscal tenía en mente cuatro nombres para cubrir la vacante. A través de sus operadores mediáticos lanzó los nombres supuestamente en danza. ¿Por qué la suposición? Porque Quattropani jugaba mucho con la prensa. Tenía un solo nombre en la cabeza, pero tiraba un par más a modo de cazabobos. Un ejercicio que importó de su vida partidaria en la Cruzada Renovadora. Táctica clásica del manual político.
Sea como sea, esos nombres ya no importan. La única decisión que vale es la del nuevo fiscal General que, por ley, tiene la facultad de designar al defensor General sin necesidad de consultarlo con nadie. Simplemente tiene que señalar al próximo ocupante del sillón de calle Rivadavia y Jujuy de entre los defensores que tienen, cómo mínimo, cinco años de antigüedad. Un requisito cuestionado por los recientemente -poco más de dos años- nombrados, como los casos del peronista Daniel Turón -exmano derecha del difunto Daniel Tómas en la Fundación San Juan de la Frontera- y la pseudo oficialista Romina Solera, exdiputada de Ullum. El resto tiene los años suficientes para ser electos. Tal vez la cuestión particular de Turón pase por la posibilidad cierta de ser nombrado. Es el esposo de la secretaria Relatora de Baigorrí para el fuero Laboral, Julieta Mercado. En tanto, Solera corre desde atrás.
En tren de posibles candidatos, figura la defensora de la Niñez, Mariela López, del riñón de Sefair, pero demasiado cercana al senador nacional Sergio Uñac. También puede estar Alejandro Martín García, un defensor de estilo mediático que, según dijeron fuentes internas, es tan resistido como eficiente. Asimismo, en cuanto a una eventual afinidad política, está Paulina Slavutsky, de cercanía con el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky. En contraposición, un hombre que tiene una distancia partidaria con Baigorrí, pero tiene la preparación suficiente para el cargo es Marcelo Salinas, quien supo formar parte del equipo del exministro de Gobierno de José Luis Gioja, Adrián Cuevas. Más atrás, aparece Carlos Reiloba. La pregunta es si el fiscal General esperará mucho más el nombramiento. Nada lo apura. La defensora Sefair, por voluntad propia, habría frenado el trámite jubilatorio. Probablemente en vistas a ser parte de la transición.