La provincia de San Juan dio un paso clave en el análisis técnico para el abastecimiento eléctrico de la gran minería. En el marco de la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, se debatió la solicitud de acceso y ampliación de la capacidad de transporte en 500 kV presentada por la empresa Vicuña Argentina S.A. para el proyecto minero Josemaría. Este encuentro resulta fundamental, ya que representa el inicio del proceso formal para la emisión de los permisos nacionales que permitirán construir la infraestructura de alta tensión necesaria para la mina.
Durante la jornada, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad expuso los fundamentos técnicos de la postura sanjuanina. El eje central del planteo provincial radica en un principio de equidad social y económica, donde se dejó en claro que, si bien la provincia acompaña el desarrollo minero como un motor esencial para el crecimiento, la nueva demanda eléctrica debe internalizar los costos estructurales que genera. La premisa oficial busca evitar que el impacto financiero de estas obras se traslade a las tarifas de los comercios, las industrias y los hogares de los usuarios locales, quienes ya han financiado con su esfuerzo parte de la red existente.
Actualmente, San Juan dispone de una red eléctrica robusta y confiable proyectada para las próximas décadas. Sin embargo, la magnitud del consumo que incorporará el proyecto Josemaría obliga a anticipar inversiones de ampliación que originalmente estaban previstas para el largo plazo. Entre estas obras indispensables se encuentra la duplicación de la capacidad de transformación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, una infraestructura que se encuentra hoy en ejecución y que es financiada exclusivamente con fondos de la provincia para preservar la seguridad del servicio público.
Ante este escenario, la conformidad final del organismo regulador sanjuanino quedó condicionada de manera estricta al cumplimiento de dos exigencias. Por un lado, la empresa minera deberá suscribir los acuerdos previstos en la Ley Provincial N° 1181-A para aportar de forma directa al desarrollo de la infraestructura y mitigar la demanda que incorpora al sistema. Por el otro, se exige garantizar el principio de acceso abierto, disponiendo que cualquier excedente en la capacidad de transporte que no sea utilizado por Vicuña Argentina S.A. quede disponible para otros emprendimientos mineros de la región, impidiendo así un bloqueo o uso exclusivo de un corredor que se considera un activo estratégico para la provincia.
La postura del organismo regulador fue determinante al señalar que la oposición fundada se mantendrá firme hasta tanto no se verifiquen y cumplan estas condiciones legales y técnicas. Asimismo, desde el ámbito oficial se anticipó que estos mismos criterios de mitigación del impacto energético e igualdad de acceso se constituirán como una política de Estado aplicable a todos los proyectos mineros futuros, con el objetivo de consolidar un marco de reglas de juego justo, previsible y replicable para el sector productivo local.
