El acuerdo general entre la Provincia de San Juan y la empresa Vicuña marca el futuro impacto económico que tendrá el proyecto de cobre para las arcas provinciales. Esto más allá de la noticia clave e inesperada de un aporte no reembolsable que hará la minera de 250 millones de dólares para obras que llegarán antes de la producción de la futura mina de cobre.
Es que en el acuerdo se fijan las dos formas principales de aporte directo que hay a las arcas provinciales: regalías y aporte a un fideicomiso para infraestructura. Estos dos son requisitos que solo existen con esta modalidad en San Juan y que se han generado para otros proyectos mineros que están operando en la provincia.
El principal cambio tiene que ver con el pago de regalías, que según la ley nacional deben ser un 3% del valor de mineral calculado según boca de mina. En el acuerdo con la empresa este canon, que no es un impuesto si no una devolución de valor por la extracción de un recurso no renovable, será del 3% de la facturación.
A raíz de este cambio la empresa terminará aportando más fondos, se calcula que puede ser hasta un 1,5% más, según el valor que tiene el mineral en el mercado internacional. El argumento original para este cambio era la dificultad para determinar el valor según dice la ley nacional y con este sistema que utiliza San Juan el impacto de los mercados internacionales es directo. Esto en medio de expectativas de alza del cobre.
El otro punto central del acuerdo es que Vicuña accedió a conformar un fideicomiso para obras, donde aportarán de forma voluntaria un 1,5% de la facturación. Según confirmaron la contribución iniciará a los 6 años del inicio de la producción, por lo que podría ser a partir del año 2036 si se cumplen las expectativas que tiene la empresa de empezar a generar cobre, oro y plata en 2030.
Es a partir de este fondo que destinarán un primer desembolso de 250 millones de dólares, confirmaron desde la empresa, en el corto plazo. El desembolso es algo inédito en el marco del acuerdo general con un proyecto. El único antecedente de fondos de empresas antes de empezar a producir es un giro de 50.000 dólares que hizo Barrick en los ‘90 a la provincia de San Juan.
Otro cambio que implica este acuerdo inédito es que los 250 millones de dólares no estarán atados como los de los fideicomisos a ser utilizados dentro de lo departamentos donde está el proyecto, sino que las obras serán para toda la provincia. A su vez, las obras serán para la infraestructura general, no para habilitar la producción de la mina, según dijo durante el anuncio, el gobernador Marcelo Orrego. También remarcó que generarán mayor impacto de mano de obra antes del inicio del proyecto.
Estas herramientas han sido aceptadas por otros proyectos mineros locales, desde Gualcamayo, Casposo y Lama apenas se creó la ley y luego Veladero al momento de empezar a producir en nuevas fases de su valle de lixiviación. Al igual que en casos anteriores, la creación del fideicomiso debe ser tratada en la Cámara de Diputados ya que cada uno tiene su propia ley que lo conforma. Estos fondos, que gestionan tanto el Ministerio de Minería, el de Infraestructura y los proyectos mineros, han sido clave para generar mejoras en la infraestructura de los departamentos. A lo largo de su existencia, los fideicomisos se utilizaron para obras de salud, infraestructura deportiva e hídrica.
También fueron protagonistas de polémicas por la falta de utilización de fondos durante gestiones anteriores, debido a demoras en la decisión de dónde volcar los fondos. En el comunicado, Vicuña dijo que “se gestionarán de manera transparente las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras previamente acordadas”.
Con estos dos elementos dentro del acuerdo, la provincia obtiene una mayor ganancia del proyecto de lo que prevé la ley, durante toda la vida útil del proyecto. Es que tanto las regalías como el dinero para el fideicomiso se desprenden de la productividad y venta de minerales de Vicuña.
Teniendo en cuenta que la futura mina tiene al menos 60 años de producción previstos, gracias a la riqueza mineral que hay en los dos yacimientos, durante todo ese tiempo se mantendrán estas condiciones de fondos para San Juan. En el comunicado oficial, Vicuña señaló que estas condiciones aportan “previsibilidad”, mientras que también adelantaron que el compromiso incluye que la provincia no impondrá “condiciones adicionales de naturaleza análoga”.
Finalmente, hay otra implicancia que tiene que la provincia haya llegado a un acuerdo general con Vicuña: este era uno de los factores que faltaban para la puesta en marcha definitiva del proyecto. Para que la mina de cobre inicie su construcción todavía resta la decisión final de inversión, que tomarán los inversionistas. Pero para que llegue ese paso final, que destrabará los fondos para iniciar las obras por más de 18.000 millones de dólares que destinarán al proyecto, debían cerrar estas condiciones generales con San Juan, además de la aprobación del RIGI, la aprobación de la línea eléctrica de 500 kV además de informes técnicos internos. Con este paso, Vicuña queda mucho más cerca de convertirse en una realidad que dará producción de cobre a San Juan por las próximas seis décadas.