El Ministro de Minería, Juan Pablo Perea, detalló que el proyecto es sanjuanino, que el glaciar riojano no influye en el área explorada y descartó un “área común”.
Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, salió a contestar el último ataque de La Rioja a un proyecto minero sanjuanino, esta vez Lunahuasi. En un punteo de las razones legales, explicó por qué los argumentos del ministro de Producción vecino, Ernesto Pérez, son falsas y todas las aprobaciones del proyecto dependen de San Juan.
El punto más importante que señaló el funcionario tiene que ver con lo legal. Es que La Rioja argumenta que la actividad se realiza también en minerales que pertenecen a la provincia vecina, pero Perea aclaró que “Lunahuasi está íntegramente en territorio sanjuanino”. Además, aseguró que “llevamos 57 años con esos límites aplicados sin interrupción, atravesando gobiernos de todos los signos políticos” luego de la ratificación por el Digesto Jurídico en 2014. Y sumó que “San Juan defiende su territorio con la ley en la mano”.
En su publicación en redes sociales, Pérez de La Rioja había señalado que Lunahuasi estaba en el área de influencia de un glaciar descubierto que pertenece a la provincia vecina. Perea dijo que esto es falso, que la geoforma El Potro “está separado del proyecto por una cadena montañosa que impide cualquier vinculación física o ambiental”. Esto, dijo, está documentado en el Instituto Geográfico Nacional. “La Rioja Sabe que esa afirmación no resiste el menor análisis técnico y aun así la sostiene públicamente”, criticó.
Además de confirmar que el proyecto se encuentra en regla con aprobación para sus actividades de exploración vigente y permisos sectoriales, Perea recordó que “la única autoridad competente para otorgar esos permisos en territorio sanjuaninos es el Gobierno de San Juan” y agregó que “el proyecto avanza, como debe avanzar, en un marco de plena legalidad”.
El funcionario sanjuanino hizo una fuerte crítica a una de las propuestas que lanzó Ernesto Pérez a los medios de comunicación: un área común de actividad minera. Existe un antecedente, que señaló el riojano, entre Catamarca y Salta, en particular el Salar del Hombre Muerto.
Pero, aseguró Perea, “es una comparación jurídicamente impropia. Ese modelo funciona porque se trata de salares físicamente compartidos por ambas provincias. Lunahuasi no es eso”.
El ministro sanjuanino explicó que “no existe ninguna figura legal en la Argentina que obligue a una provincia a compartir la administración de recursos que están en su exclusiva jurisdicción”. Además dijo que si bien comparar es legítimo “equiparar situaciones que son distintas para forzar una participación que no corresponde no lo es”.
Para cerrar, Perea afirmó que “San Juan está construyendo el polo minero más importante de la Argentina” y que “esta apuesta requiere seguridad jurídica, reglas claras y respeto entre las provincias”. Aseguró que desde la provincia respetan a La Rioja y que “espera el mismo respeto de nuestras leyes y nuestra jurisdicción”. Aseguró que están abiertos al diálogo institucional, pero que no admitirán “que se discutan límites cerrados por ley hace medio siglo.
Además del punteo con los datos centrales sobre por qué el reclamo de La Rioja no es legítimo, Perea dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la actual situación y lo que se podría venir. El ministro afirmó que si avanzan en recursos legales, San Juan está listo para responder "con la ley en la mano".
¿No le parece que un ministro está respondiéndole a un ministro y el conflicto debería elevarse?
Cada cosa en su nivel. El planteo del ministro de Producción de La Rioja es técnico y administrativo, y le corresponde respuesta técnica y administrativa. Mi cartera tiene toda la documentación, los mapas, los antecedentes legales. No hay razón para escalar políticamente algo que está jurídicamente cerrado desde 1968.
La Rioja amenaza con ir a la Justicia. ¿Qué van a hacer si presentan una demanda?
Vamos a responder como corresponde, en sede judicial, con la misma documentación que hoy hacemos pública: la Ley 18.004, el Digesto Jurídico Argentino, la cartografía del IGN. La Justicia ya se expidió en casos previos y siempre ratificó la jurisdicción sanjuanina sobre estos proyectos. No hay sorpresa posible.
Pérez sostiene que el yacimiento está bajo el glaciar El Potro. ¿Qué responde?
Que el ministro Pérez está afirmando algo geográficamente falso. Una cadena montañosa separa Lunahuasi del glaciar El Potro. Cualquier persona puede verificarlo en la cartografía oficial del IGN. El glaciar desciende mayoritariamente hacia Chile, no hacia La Rioja. No hay vinculación física ni ambiental entre ambos. El Gobierno de La Rioja sostiene esa afirmación sabiendo que no resiste el menor análisis técnico.
¿Y la propuesta de un área común tipo Salta-Catamarca?
La propuesta del ministro Pérez no se ajusta a este caso. El modelo Salta-Catamarca funciona porque son salares físicamente compartidos por ambas provincias. Lunahuasi no es un recurso compartido: es un proyecto íntegramente sanjuanino sobre territorio sanjuanino. El Gobierno de La Rioja está tratando de instalar una figura institucional que no es aplicable, con el objetivo de obtener participación en un recurso que está exclusivamente en nuestra jurisdicción. No hay áreas comunes posibles sobre territorios que pertenecen a una sola provincia.
¿Qué pasa con los hallazgos de oro a 1.740 g/t? ¿No justifica eso una discusión sobre regalías?
Los hallazgos son extraordinarios y son una excelente noticia para San Juan, para la Argentina y para la región. Pero el valor del recurso no cambia la jurisdicción donde está ubicado. El artículo 124 de la Constitución Nacional es claro: los recursos naturales son de las provincias en cuyo territorio se encuentran. Es así desde 1994 y es así en todo el país.
¿No conviene buscar un acuerdo como hicieron Vicuña y La Rioja la semana pasada?
Lo de Vicuña fue un acuerdo entre una empresa y una provincia sobre un tema concreto: el uso de un camino que atraviesa territorio riojano. Eso es legítimo y razonable. Pero ese acuerdo se construyó sobre la base de que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento no estaba en discusión. Acá nadie está negando el acceso ni el diálogo institucional; lo que no se discute es la pertenencia del proyecto a San Juan.
¿Hay riesgo de que esto frene las inversiones?
Al contrario: la respuesta firme y fundada en la ley es lo que protege las inversiones. Lo que un inversor necesita ver es que cuando se cuestiona infundadamente la jurisdicción de una provincia, esa provincia responde con argumentos jurídicos sólidos, no con improvisación. Por eso San Juan sigue siendo el destino del 60% de las inversiones RIGI del país.