Con el argumento de que los accionistas de la Distribuidora de Gas Cuyana, la empresa que presta el servicio de entrega de gas a los usuarios en la provincia, se repartieron las ganancias del ejercicio fiscal del 2017 por un total de 617,1 millones de pesos y sólo invirtieron en obras 150,7 millones de pesos, cuando el monto que debían aportar para la expansión de las redes debía ser de 278,2 millones de pesos, tres diputados nacionales por San Juan, Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, realizaron ayer una denuncia penal en la Justicia Federal. Es por la sospecha del desvío de 128 millones de pesos, una maniobra en la que también le apuntan al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por no haber controlado que ese dinero favoreciera a los usuarios, que son los que pagan las facturas, en lugar de haber ido a parar a los bolsillos de los socios de la compañía.

A esta presentación se sumará en los próximos días otro planteo por el supuesto delito de estafa contra Ecogas, por el envío de facturas con montos estimados a los usuarios (ver aparte).

En el escrito que fue presentado ayer en el Juzgado Federal Nro. 2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, los legisladores nacionales les apuntan, primero, a Gonzalo Alejandro Peres Moore, presidente de la distribuidora, y también a Oscar Luis Gosio y Mario Antonio Morsucci, directores de la empresa. En el caso del Enargas, el planteo es contra Mauricio Ezequiel Roitman, presidente del directorio del ente regulador.

La denuncia parte de considerar que en una asamblea que tuvo lugar el 28 de marzo pasado en CABA se aprobó la distribución en efectivo de las ganancias a los socios de la Distribuidora de Gas Cuyana, según consta en el acta de la reunión. Y que ese reparto no se pudo sin la autorización previa del Enargas, que es el organismo de control.

"En lugar de que una parte del dinero fuera para obras de ampliación de las redes, se la repartieron entre los accionistas", justificó Allende, al explicar el tenor del planteo.

Se basó en que en el costo de la tarifa que pagan los usuarios hay un componente destinado a un Plan de Obras Obligatorio, que la distribuidora debe ejecutar anualmente, para el mantenimiento y ampliación de las redes. Según la reseña informativa aportada por la compañía, se invirtieron en obras al 31 de diciembre del año pasado sólo 150,7 millones de pesos, en lugar de los 278,2 millones de pesos que correspondían.

Según la reglamentación vigente, si Ecogas no ejecuta las obras a las que estaba obligada, y que los usuarios pagan en su boleta de servicio, Enargas debió cobrarle una multa. "Pero esa multa no fue pagada, por el contrario los accionistas se repartieron las ganancias del ejercicio fiscal 2017", señala el escrito.

Según una solicitud al presidente del Enargas, "no se conoce el inicio de ninguna tarea para exigir el pago de las diferencias marcadas, mucho menos cualquier tipo de ejercicio de las competencias que le corresponden al director del organismo de control para evitar la concreción de la maniobra de la empresa prestadora del servicio público", señalan los denunciantes.

El del gas es un tema muy sensible para los usuarios en la provincia y más a partir de que se conoció que desde octubre, que ya está finalizando, los usuarios residenciales de mayor consumo tendrán aumentos del 22 al 31%. Según lo que se conoce, el mayor impacto de los incrementos en San Juan recaerá en las categorías R1 y R2, que constituyen el 62,9% del total de los usuarios de redes domiciliarias en la provincia. Se trata de dos tercios de un total de poco más de 115.000. Así, un usuario R23, por ejemplo, pasará a pagar de 718 a 1.049 pesos, es decir, un 46% más. En cambio la boleta de un R34 irá de 2.703 a 3.298, un 22% de suba. El impacto de este nuevo cuadro tarifario se verá reflejado en la factura de los usuarios en el mes de diciembre. El segundo aumento del año en la boleta de gas resulta de un promedio del 32%. El primero fue en abril y fue de un 40% promedio.

Un freno

Compensación

En los primeros días de este mes, el Gobierno nacional anunció la intención de disponer que los usuarios del gas domiciliario pagaran una compensación a las distribuidoras del servicio como consecuencia de la devaluación del peso. Pero luego desistió.

Facturas estimadas

El otro tema que los legisladores nacionales encabezados por Allende quieren llevar a la Justicia es por las llamadas facturas estimadas. El conflicto se generó cuando a principios de agosto los usuarios del gas en la provincia, que son 110.000, empezaron a recibir boletas en las que, en lugar de la medición que debía hacer Ecogas cada dos meses, aparecían consumos estimados, que hasta triplicaban en algunos casos las facturas anteriores, incluso con montos exorbitantes de hasta 20.000 pesos.

Por el tema incluso hubo una reunión en la Sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados, en la que participaron el director de Operaciones y Finanzas de Ecogas, Daniel Rivadulla, y el gerente de Relaciones Institucionales de Enargas, Claudio De la Fuente.

La estimación es que la distribuidora llegó a repartir hasta 6.000 boletas con consumos estimados en lugar de la facturación real.