Después de seis meses, porque la última fue el 29 de enero pasado, el viernes 30 de este mes, a partir de las 9, habrá una nueva audiencia de revisión tarifaria de la electricidad convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Pero, como el Gobierno provincial cuenta con fondos de un Programa Especial de Créditos para aquellas distribuidoras sin deuda con CAMMESA, como Energía San Juan y DECSA, la ministra de Hacienda, Marisa López, dijo ayer que se usarán esos recursos para subsidiar las boletas de la luz y que el impacto sea menor para el usuario. "Hay que determinar de cuánto va a ser el subsidio", sostuvo la funcionaria.

Después de diciembre de 2019, cuando habían aumentado las tarifas por última vez, y tras un 2020 sin cambios por decisión del Gobierno nacional, recién hubo un incremento del 6,48% en promedio en San Juan que se aplicó para el bimestre abril-mayo de este año y que los usuarios notaron en las boletas que les llegaron en junio pasado. Pero ahora corresponde que el EPRE convoque a una audiencia extraordinaria y que, al igual que la de enero, también se hará en forma remota para prevenir los contagios de covid-19 entre los asistentes.

Para definir el incremento a los cuadros tarifarios, se tomarán en cuenta los aumentos de costos del período que va desde octubre del año pasado hasta abril de este año y la aplicación corresponderá instrumentarla a partir del próximo 23 de julio.

Pero, para atenuar el impacto, está el fondo del programa especial que el Gobierno de San Juan, el EPRE y las distribuidoras Energía San Juan SA y DECSA (Caucete) ya firmaron con la Secretaría de Energía de la Nación (ver aparte). Y es por eso que la ministra López dijo ayer que parte de esos recursos estarán destinados a subsidiar la boleta de la luz, aunque todavía no estará definido de cuánto será. Otra parte de ese dinero irá para obras. Hay que aclarar que si bien el incremento no saldrá de los bolsillos de los usuarios, sí habrá un reconocimiento para los presupuestos de Energía San Juan y la distribuidora de Caucete. En la primera de las empresas hay unos 215.000 usuarios residenciales y la otra unos 10.000.

En la audiencia de enero pasado Energía San Juan había solicitado una suba del 12,7%, para lo cual dio una serie de argumentos como el aumento de los costos de los materiales, los salarios de los empleados y del nivel gerencial y el índice de incobrabilidad. DECSA hizo un pedido similar.

Pero, en el encuentro virtual, las distintas entidades que pidieron participar, formularon distintos planteos. Por ejemplo la Defensoría del Pueblo sugirió poner en marcha tarifas especiales para el verano, por las altas temperaturas en San Juan en esa época del año, mientras que desde la Mesa de la Productividad solicitaron no "seguir castigando al sector productivo para evitar pérdida de puestos de trabajo". Al final, hubo un incremento del 6,48% en promedio, que los usuarios recién notaron con las boletas que les llegaron el mes pasado. Así, para algunos, fueron poco más de 9 pesos por mes, pero para los que consumen más de 620 kWh/mes han sido casi 272 pesos.

Ahora habrá que esperar a ver qué pasa en la próxima audiencia prevista para el 29 de este mes.

Previo a la realización de la audiencia pública, está previsto que se realice al menos una reunión en la modalidad no presencial del Consejo Asesor de Acompañamiento de las revisiones tarifarias para empezar a debatir los temas de la convocatoria. Además, quienes deseen exponer su posición en el encuentro deberán remitir al instructor designado un correo electrónico al mail   audienciapublica@epresanjuan.gob.ar, hasta las 12 próximo 28 de julio, con la solicitud de ser tenido por parte y aportando sus pretensiones y pruebas que avalen la posición.

• Programa nacional

La Ley 27.591 (Presupuesto Nacional 2021), estableció un Programa Especial de Créditos para aquellas distribuidoras sin deuda con CAMMESA al mes de septiembre de 2020. En San Juan los usuarios de Energía San Juan SA y DECSA, resultan beneficiarios con un fondo de 2.275 millones de pesos.

Quedó acordado que esos beneficios fueran trasladados a los usuarios y destinados a la contención de tarifas, a subsidiar mejoras en las condiciones de los planes de pago, deudas de los vecinos en condición de vulnerabilidad económica y a la ejecución de obras de infraestructura para mejorar la seguridad del abastecimiento eléctrico.

Incluso también hay recursos nacionales para infraestructura, como líneas eléctricas. De no haber existido el aporte, dichas obras deberían ser cubiertas a través de los usuarios, con el aumento de la boleta de la luz.