Con el argumento de que obliga a revelar la estrategia de las empresas para pagar menos impuestos y de que de este modo se viola el secreto profesional, un tribunal de Santa Cruz hizo lugar a un planteo de los contadores de esa provincia contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ahora, los integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan esperan que también la Justicia local tome una actitud similar. Para eso deben esperan a que finalice la feria judicial de enero y se retome la actividad en febrero.

El planteo de los contadores apuntaba a que la resolución del organismo recaudador vulnera la confidencialidad entre los profesionales y sus clientes ya que obliga a revelar las estrategias fiscales. Con la cautelar, el tribunal habilitó a los matriculados del consejo santacruceño a que no deban presentar su régimen informativo de planificación fiscal. Y en la provincia, los contadores esperan que ocurra lo mismo.

Carlos Landa, presidente del consejo en la provincia dijo que, al igual que 24 consejos en todo el país, en San Juan hicieron una presentación ante los tribunales locales a fines de diciembre. "El reclamo es porque tiene errores de legalidad y por eso pedimos que no se aplique", sostuvo. Pero recién la actividad judicial retornará en febrero, que es cuando esperan obtener una decisión similar.

La resolución 4.838 de la AFIP, que es la de la polémica, establece el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales y determina que los contribuyentes y asesores fiscales (contadores) que implementen una planificación fiscal para un tercero deberán informar las estructuras, técnicas, instrumentos y mecanismos a los que recurren para minimizar su carga tributaria.

Los contadores de San Juan pidieron la cautelar junto con los otros 23 consejos con los que forman la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE, ver aparte). Fue al no haber obtenido respuesta de la AFIP.

Los profesionales de Ciencias Económicas sostienen que la norma generó preocupación por las implicancias en materia de responsabilidad profesional y transgresión de derechos que surgen de la misma.

El contador Osvaldo Rebollo, directivo de la federación, opinó que "fue un gran avance para la profesión que el juzgado federal resuelva favorablemente la medida cautelar solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Cruz, y de esta manera suspender los efectos de la resolución de la AFIP a sus matriculados".

Desde la AFIP, la posición es que de prosperar la medida cautelar afectaría la buena marcha de la administración, porque se vería privada de "llevar adelante las actividades de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes", tareas que en la Argentina "resultan directamente vinculadas con el ingreso completo, correcto y oportuno de los tributos".

En declaraciones que reproduce el diario La Nación, fuentes oficiales hicieron hincapié en que la medida alcanza solamente a Santa Cruz y que es "temporal" hasta que se resuelva el reclamo hecho en sede administrativa, que va a más a la cuestión de fondo. Añadieron que se trata de un grupo de contadores que promueven la "opacidad" mientras que, en el resto del mundo, en estas cuestiones hay transparencia.

Cabe señalar que el 29 de enero opera el primer vencimiento de este régimen informativo y aún no está activo el micrositio a través del que se conocerán los alcances últimos de la norma.

Feria

Durante el mes de enero tiene lugar la llamada feria judicial, en la que no hay actividad en los tribunales sanjuaninos. Se supone que es un período que sirve, incluso, para que los jueces puedan agilizar las causas que puedan llegar a tener atrasadas. La actividad recién se retomará en febrero.

Cantidad

24  Son las entidades que agrupan a los contadores de las distintas jurisdicciones del país que han salido a cuestionar la resolución de la AFIP.

• Respaldo nacional a posición de consejos

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) dispuso dar su respaldo y apoyar las acciones tomadas por los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que la integran frente a la resolución de la AFIP, entre ellos el de San Juan.

En un comunicado sostienen que "desde la FACPCE se trabajó en los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para acompañar los reclamos administrativos que se han iniciado en las distintas jurisdicciones, en representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, para solicitar la suspensión de la citada normativa y su derogación".

La decisión de la justicia santacruceña, de todos modos, es un antecedente, pero los jueces de cada provincial deben decidir qué actitud van a adoptar. No se descarta que, incluso, los planteos pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra en este caso, que ha generado un rechazo generalizado en todo el país.